Nueve venezolanos que mantienen una huelga de hambre frente a la sede de la OEA en Caracas en demanda de una visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, amenazaron hoy con radicalizar su protesta en solidaridad con los "presos políticos".
El líder del grupo, Lorent Saleh, coordinador nacional de la organización Juventud Activa Venezuela Unida (JAVU), indicó a periodistas que entre las opciones que barajan figura coserse la boca con hilo y renunciar al suero con el que se alimentan desde el pasado 31 de enero.
Además de la "inmediata liberación de los presos políticos", el grupo exige la visita a Venezuela de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Saleh reiteró hoy que la OEA se comprometió hace un año a enviar a Venezuela una representación de la CIDH para comprobar "las violaciones a los derechos humanos".
En diciembre de 2009 el grupo ya había hecho una huelga de hambre de 18 días a las puertas de la oficina de la OEA en Caracas, tras reunirse con una misión enviada entonces por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.
El pasado 8 de diciembre, Insulza dijo en Washington que "queríamos que los estudiantes concluyeran su manifestación por su propio bienestar", al señalar que la normalidad permitiría retomar "las conversaciones para una posible visita de la CIDH".
Pero "ya estamos en febrero de 2011 y no han venido. Insulza incumplió su promesa, no tiene palabra. De aquí no nos levantamos hasta que se monte en un avión" y verifique en Caracas que "nuestras vidas están en sus manos", dijo a su vez el huelguista Germán Cortez.
La CIDH ha pedido en varias ocasiones verificar la situación de los derechos humanos en Venezuela, pero hasta ahora el Gobierno de Chávez no le autorizó esa visita.
La oposición, aglutinada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), dijo la semana pasada que la "persecución y prisión política" marca su suerte desde que Chávez fuera investido como gobernante por primera vez el 2 de febrero de 1999.
La coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la MUD, Delsa Solórzano, dijo ese día en un comunicado que en el país "hay 28 presos políticos y más de 3.000 perseguidos", incluyendo a dos diputados procesados por malversación y homicidio.