El Gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez anunció hoy la intervención estatal del pequeño banco privado Bancoro "por problemas de liquidez", aunque dijo que están garantizados los depósitos de sus 177.115 clientes.

"El Gobierno, responsable de la supervisión y regulador del sistema financiero nacional, y en particular del sistema bancario, ha decidido aplicar una medida de intervención con cese de intermediación financiera a Bancoro (...), por problemas de liquidez", dijo a los periodistas el ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani.

El 14 de enero de 2009 a esta entidad bancaria de la ciudad de Coro (noroeste), con 46 sucursales en todo el país y un total de 894 empleados, "se le aplicaron medidas administrativas" al detectarse los primeros problemas de liquidez, aunque cinco meses después informó de una recuperación parcial luego anulada, reveló Giordani.

En septiembre pasado, Bancoro volvió a presentar problemas de liquidez que esta semana se agravaron y que obligaron a ordenar el cese definitivo de su intermediación financiera, añadió el ministro.

La última intervención estatal por el mismo motivo se registró en junio pasado y tuvo como protagonista al Banco Federal, cuyos activos serán puestos a la venta para reponer los recursos sacados del Fondo de Garantías de Depósitos (Fogade) para cumplir con los clientes.

El empresario Nelson Mezerhane, propietario del Banco Federal y accionista de la emisora de televisión Globovisión, de línea editorial abiertamente antigubernamental, ha sido declarado prófugo de la justicia y se ha pedido a Estados Unidos que lo extradite a Venezuela "para que aquí afronte cargos por ladrón", ha reiterado Chávez.

Previamente, el Gobierno aplicó la misma medida y por el mismo motivo a Banorte, Banfoandes, Confederado, Central y Bolívar, cuyos activos permitieron el inicio de operaciones, el pasado 21 de diciembre, del estatal Banco Bicentenario, y a otras tres entidades privadas, entre ellas del Banco Real.

Además de Mezerhane, la Fiscalía General venezolana ha pedido la captura internacional de 23 empresarios y ejecutivos vinculados con los pequeños bancos cerrados, que representaban menos del 7% de los ahorros del sistema financiero nacional.