La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo ayer que se investiga la presunta vinculación del etarra deportado Arturo Cubillas con ETA y las FARC, pero reiteró que no se le puede extraditar por tener nacionalidad venezolana.

En una entrevista en un programa de la radio estatal, Ortega señaló que el Ministerio Público venezolano nombró a un fiscal para investigar el caso, después de que el lunes Cubillas solicitara la indagación tras haber sido "imputado públicamente".

Preguntada sobre la posibilidad de extradición, la fiscal general señaló que el artículo 69 de la Constitución venezolana "prohíbe la extradición de un venezolano o venezolana bajo ninguna circunstancia".

Manifestó que el etarra deportado de Argelia a Venezuela en 1989 "requirió su naturalización" y se le concedió la nacionalidad venezolana por naturalización.

"Una persona venezolana por naturalización o por nacimiento no puede ser extraditada", subrayó respecto al etarra deportado contra el que pesa una orden de captura emitida por un juez español desde marzo y señalado en otro auto como instructor de miembros de la banda terrorista en Venezuela.

La fiscal indicó que el lunes "el ciudadano Arturo Cubillas presentó un escrito" donde solicita al Ministerio Público "por cuánto ha sido imputado públicamente, inicie investigación y determine si estos hechos son ciertos o no".

Ortega recordó que el Ministerio Público designó al fiscal Richard Monasterio para llevar a cabo la investigación.

"Una vez se admite la solicitud, se inicia la investigación, se practican todas las diligencias (...) haremos comparecer a todas las personas necesarias, incluso fuera del territorio nacional", señaló.

Añadió que se utilizará la "vía de la rogatoria" dentro de los "instrumentos internacionales, de asistencia mutua".

"Dependiendo del caso, utilizas el instrumento legal necesario que se requiera o la prueba que necesites evacuar, así como el instrumento que se adapte a la petición", agregó la fiscal general.

Sobre Cubillas, que llegó a Venezuela en 1989 junto con un grupo de otros diez etarras deportados desde Argelia, dijo Ortega que "entró legalmente y con conocimiento del gobierno español" de entonces (presidido por Felipe González, 1982-1996). La fiscal señaló asimismo que aspira a la colaboración de "todos los países" en la investigación abierta.

La semana pasada, el Ejecutivo de Chávez indicó al Gobierno español que se iba a abrir una investigación sobre las actividades de Cubillas, según informaron entonces fuentes ministeriales en Madrid.

La decisión, sobre la que no han dado precisiones en Caracas portavoces del Gobierno, fue anunciada después de conversaciones entre los ministros de Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos, y Venezuela, Nicolás Maduro.

Vínculos

El miércoles, en declaraciones a periodistas antes de emprender una gira internacional, Chávez eludió responder sobre el caso y denunció un "empeño" de ciertos sectores para relacionarlo con el terrorismo, al ser preguntado sobre la petición de la Justicia española de que se entregue o se juzgue al etarra deportado.

Cubillas, que tiene un cargo público en un ministerio venezolano, se presentó el lunes en la sede del Ministerio Público en Caracas para pedir ser investigado, una semana después de que se conociera el auto del juez español Ismael Moreno en el que se señala que ayudó a entrenar a los etarras Atristain y Besance.

En su solicitud, el etarra deportado, casado con una venezolana, también funcionaria, argumenta "indefensión" ante las informaciones que le vinculan con la banda terrorista.

La Audiencia Nacional española atribuye a Cubillas ser responsable de ETA en esa zona de América desde 1999 y de coordinar las relaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como indica otro auto judicial, emitido en marzo, a raíz del cual se dictó una orden de detención en su contra.