El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha señalado el principio básico que impera en casos como el del miembro de ETA Arturo Cubillas, que es "o se entrega o se juzga". Por su parte, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, ha suscrito las palabras del fiscal y ha añadido que la relación de España con el país bolivariano es "totalmente mejorable". Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Angel Moratinos, ha respondido en a la interpelación del diputado del PP, Gustavo de Arístegui, que "el Gobierno va a exigir plenamente una respuesta definitiva de las autoridades venezolanas".

Tras asistir a la intervención de Juanes, en el Foro de la Nueva Sociedad, Conde-Pumpido insistió en que la Fiscalía española "ha dicho reiteradamente que en este asunto va a llegar hasta el fondo". Además, ha advertido a la autoridades del país que gobierna Chávez que España "no está dispuesta a tolerar que el terrorismo tenga ningún tipo de soporte internacional".

"Si existen indicios racionales de que alguien en Venezuela ha apoyado al terrorismo español esa persona tiene, o bien que ser entregada a España para ser juzgada o bien ser investigada y enjuiciada en Venezuela", ha dicho y ha añadido que es lo que desea y lo que quiere que haga la Fiscalía venezolana "investigar si ha habido efectivamente apoyo al terrorismo desde Venezuela y en su caso acordar el enjuiciamiento de esa persona o la entrega a España".

El fiscal general también ha destacado la buena voluntad de las autoridades de Colombia que siempre ha colaborado y mantenido una magnífica relación con la Fiscalía española en temas antiterroristas.

Finalmente, ha expresado su esperanza de "contar con la colaboración en Venezuela". A lo que Juanes ha agregado que la relación con las autoridades judiciales venezolanas "es totalmente mejorable".

Juanes expuso durante el turno de preguntas el principio "juzgar o entregar" que después ha suscrito el fiscal general. "Lo que se espera de un país que tiene buenas relaciones con España, es que o bien juzgue o bien entregue al supuesto delincuente es lo que se espero y lo que es exigible", ha concluido.

EL GOBIERNO CREE "A PIES JUNTILLAS" LO QUE DICE CHÁVEZ

De Arístegui, ha reprochado al Gobierno que crea "a pies juntillas" lo que dice Chávez y ha puesto en duda que el presidente venezolano no estuviera al tanto de que etarras estaban recibiendo entrenamiento en su país dado que existen "dos implacables servicios de inteligencia" que "lo saben todo" y dado que Cubillas está casado con la directora general de despacho del presidente.

Por su parte, Moratinos ha asegurado que el Ejecutivo empleará "todos los mecanismos políticos, diplomáticos, judiciales, policiales para derrotar a ETA y hacerles volver de Venezuela". Además, ha señalado que "el Gobierno va a exigir plenamente una respuesta definitiva de las autoridades venezolanas".

Sin embargo, para el diputado popular, el Gobierno debería convocar al embajador venezolano para "exigir explicaciones y no información" sobre el "triángulo diabólico" entre ETA, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Venezuela. El PP lo que quiere del Gobierno, ha resumido, es "firmeza".

CONCENTRACIÓN

Por otro lado, las víctimas del terrorismo han convocado una concentración para este jueves a las 20.00 horas frente a la embajada de Venezuela en Madrid para exigir "firmeza" en la lucha contra la organización terrorista ETA y denunciar "la existencia" de campos de instrucción de terroristas en el país caribeño, así como para manifestar su rechazo a su embajador en España, Julián Isaías Rodríguez Díaz, que mostró sus dudas de que la declaración de los etarras se produjese de forma "voluntaria".

La Asociación de Víctimas del Terrorismo tomó la decisión de volver a salir a la calle tras la declaración de dos terroristas asegurando haber recibido clases de formación en Venezuela de manos de los etarras Arturo Cubillas y José Lorenzo Ayestarán Legorburu.

Entre ellas están Dignidad y Justicia, Covite, la Fundación Miguel Ángel Blanco, la Fundación Gregorio Ordóñez, la asociación de víctimas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid, el Frente Iberoamericano por la Libertad o el sindicato Manos Limpias, entre otros.