Decanos y profesores de Ciencias Jurídicas y Políticas de distintas universidades del país, así como miembros de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales se pronunciaron ayer sobre la necesidad de la "reconstitucionalización" del país, para lo cual exigen a los poderes públicos iniciar "cuanto antes" un proceso de diálogo que favorezca el fortalecimiento de las instituciones, recoge la edición digital del periódico caraqueño El Universal.
A propósito del encuentro en defensa de la Constitución, el grupo de juristas emitió un comunicado en el que enumeró una serie de hechos que representan, a su juicio, el "debilitamiento del tejido institucional" y el camino a "la arbitrariedad".
Estos hechos van desde "el incumplimiento o tergiversación de la Constitución", el desconocimiento de la voluntad popular, el intento de cerrar el pluralismo democrático y la amenaza a la libertad de expresión, entre otros.
En el documento, mencionaron que a pesar de que los venezolanos rechazaron el 2 de diciembre de 2007, la propuesta de reforma constitucional presentada por el Ejecutivo Nacional, el presidente de la República y la AN han insistido en la modificación mediante la emisión de Decretos con rango, valor y fuerza de Ley en el año 2008; así como por leyes aprobadas este año, en muchos casos "sin haber efectuado la consulta ciudadana exigida por la Constitución y prácticamente sin discusión parlamentaria".
Asimismo, indican que el presidente de la República quiere imponer el Socialismo del Siglo XXI y la "nueva geometría del Poder", con la ayuda de la AN, al tiempo que la voluntad popular fue desconocida con la aprobación de la Ley Especial sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital.
Similares situaciones se registran según el grupo, con el proyecto de Ley Orgánica de Educación "que ostenta la misma orientación ideologizante", la "írrita" eliminación de los límites constitucionales a la reelección presidencial, la reversión del principio de representación proporcional, la persecución contra medios de comunicación, periodistas y propietarios de dichos medios, así como la "criminalización" a abogados "que en ejercicio legítimo de su profesión, han asumido la defensa de personas vinculadas a medios de comunicación que están siendo hostigados por el gobierno".
La afectación que vive la independencia del Poder Judicial por la sanción de la Ley Orgánica del Sistema de Justicia, que "somete a los jueces a un control de idoneidad que propende invadir su autonomía", es también motivo de alarma para los decanos de derecho.