Asociaciones de periodistas de Venezuela convocaron ayer una marcha para el próximo sábado contra la ley que faculta al Gobierno a suspender transmisiones televisivas sin que medie sentencia judicial firme, lo que se interpreta como un aval a la "censura previa", advirtieron.
La marcha, en Caracas, se efectuará el Día del Periodista y también rechazará la "estrategia" del Ejecutivo del presidente Hugo Chávez de "asfixiar a medios independientes", dijo el presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), William Echeverría. Esta institución y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) llamaron a ciudadanos y organizaciones políticas a participar para no limitar la marcha a "una manifestación de periodistas para periodistas", agregó.
El titular del CNP, que dirige un programa de entrevistas en la emisora privada Globovisión, dijo que la estrategia oficial se concreta "con procedimientos legales y usando la pauta publicitaria como recompensa o castigo, lo que desencadena la autocensura".
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desestimó el martes pasado un recurso de nulidad presentado por Globovisión y otras emisoras privadas de televisión contra la Ley de Telecomunicaciones.
"El Ejecutivo podrá, cuando lo juzgue conveniente a los intereses de la nación, o cuando así lo exigiere el orden público o la seguridad, suspender la transmisión" de emisoras de televisión, dice un artículo de dicha ley que los canales pidieron que fuese anulado, lo que fue desestimado.
La actuación del TSJ supone el "aval jurídico" de la censura previa, argumentan las emisoras.
Además, la consultora jurídica de Globovisión, Ana Núñez, dijo que, con la sentencia, el TSJ "convalida la actuación del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), permitiendo que Globovisión sea juzgada penalmente, lo que, a su vez, llevaría a la revocación de la concesión" de la frecuencia que utiliza.
La sentencia aclara que las personas jurídicas, y no solamente las naturales, tienen responsabilidad penal, con lo cual, añadió Núñez, "se viene a cerrar el círculo que se requería para que proceda el exhorto del presidente Chávez para cerrar Globovisión".
Núñez también destacó que la sentencia aprobada por una mayoría de los jueces del TSJ registró el voto negativo de Pedro Rondón, juez que alegó que el Ejecutivo debería esperar "una sentencia definitivamente firme", además de apelable, antes de proceder a la suspensión de cualquier transmisión televisiva.
Los directivos de Globovisión sostienen que esta cadena privada de señal abierta es "víctima de terrorismo tributario y judicial" debido a su línea crítica hacia el Gobierno, que a su vez la acusa de "terrorismo mediático".
El último de los cuatro expedientes abiertos contra Globovisión se basa en el artículo 171 de la citada Ley, que dice que la emisora "que coadyuve a la comisión de delitos será sancionada con la revocatoria" del permiso.