El proceso por presunta corrupción abierto contra el alcalde de Maracaibo y líder opositor venezolano Manuel Rosales, que sigue oculto, es "político" y la sentencia ya está dictada, aseguró ayer el dirigente de la oposición Leopoldo López.
"Este juicio comenzó en octubre no precisamente por un juez sino de la manera más ilegítima: el jefe del Ejecutivo llama a que se enjuicie a una persona. Eso, en democracia, no se puede hacer", dijo Leopoldo López en rueda de prensa.
La causa contra Rosales "comenzó con una sentencia política del presidente de la República: Voy a meter a Rosales preso", por lo que el proceso tiene "una clara sentencia" anticipada, argumentó.
"Estoy decidido a meter preso a Manuel Rosales (...); sépalo el Zulia y Venezuela, porque una calaña como esa debe estar en prisión, no puede estar suelto", repitió Hugo Chávez el 26 de octubre de 2008, en una de las ocasiones en que se refirió al líder opositor.
Rosales, alcalde de Maracaibo pero separado temporalmente del cargo y en la clandestinidad, está citado para mañana a la primera audiencia del caso por presunto "enriquecimiento ilícito" que le imputó la Fiscalía General el pasado 20 de marzo.
Ese delito acarrea penas de entre tres y 10 años de cárcel, según ha señalado la Fiscalía, que ayer informó de que el tribunal de la causa en Caracas ordenó bloquear los bienes del líder opositor "hasta por el doble" de lo que se calcula haya sido el presunto daño patrimonial que causó, sin que se haya precisado dicha cifra.
Rosales, ex gobernador del estado de Zulia y fundador del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), ha denunciado que el proceso es un "montaje" del Gobierno, que lo "persigue" en castigo por su liderazgo en esa región del occidente del país, de la que fue gobernante reelegido y ahora alcalde de su capital, Maracaibo.
Estrategia oficialista
El caso de Rosales evidencia que en Venezuela "no hay autonomía del Poder Judicial", sostuvo ayer López, ex alcalde del próspero municipio caraqueño de Chacao y uno de los más de 270 políticos opositores y oficialistas inhabilitados por la Contraloría General de la República para la acción pública durante entre uno y cinco años.
La Contraloría inhabilitó al grupo de políticos para ejercer cargos públicos tras acusarles de "mal uso de los recursos públicos" aunque López ha reiterado que se trató de una maniobra del Gobierno para evitar su participación en los comicios regionales del pasado noviembre.
López también se refirió a la designación presidencial, este lunes, de Jaqueline Faría como la primera "jefa de gobierno de Caracas", un cargo creado por la nueva Ley del Distrito Capital que, según denuncia la oposición, limita las competencias del alcalde metropolitano y también dirigente de oposición, Antonio Ledezma, elegido en las urnas.
A juicio de López, tanto su inhabilitación política, como la "persecución" a Rosales y la reciente decisión "aberrante" de designar una nueva autoridad en Caracas, forma parte de la "estrategia" oficialista que busca "evitar" que la oposición represente una "alternativa distinta" para los venezolanos.
"El Gobierno quiere evitar que los venezolanos nos organicemos alrededor de una esperanza compartida que se construye con líderes, con dirigentes, quiere arrancarnos la esperanza de construir una Venezuela distinta", afirmó el ex alcalde.
Pero la oposición venezolana "no va a desviarse del camino democrático, no vamos a caer en la tentación de la violencia, de la confrontación, que es lo que quiere el Gobierno", añadió el líder opositor.