El Parlamento de Venezuela reformó ayer la Ley de Descentralización vigente desde hace dos décadas y facultó al Ejecutivo Na- cional a retirar a los gobiernos regionales el control de puertos, aeropuertos, carreteras y autopistas.

La aprobación en segunda y definitiva discusión de la reforma a la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público faculta al Ejecutivo a cambiar a su favor "las competencias concedidas a los estados (gobiernos regionales) en la conservación, administración y aprovechamiento de carreteras, puertos y aeropuertos comerciales".

De no desear tal control, el Ejecutivo podrá "decretar la intervención de bienes y prestaciones de servicios de carreteras, puertos y aeropuertos en el supuesto de deficiencia en la prestación de servicios por parte de los estados", añade la reforma.

El diputado Mario Isea, jefe del mayoritario grupo parlamentario del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que lidera el presidente Hugo Chávez, destacó que una vez que éste sancione la norma el Gobierno tendrá la potestad de "intervenir de manera temporal o permanente para garantizar un servicio público esencial".

El diputado Ismael García, del opositor Partido Podemos, atribuyó a la mayoría parlamentaria oficialista haber dado "un paso más" hacia "la estrategia" de Chávez de "disolver la institucionalidad y acabar con las conquistas de la sociedad", ya que, remarcó, "la descentralización del poder fue una conquista de la democracia".

"Este Gobierno hoy se convierte en un Estado subversivo que viola la Constitución, que concentra hegemónicamente el poder en manos del Estado y que está arrinconando a la sociedad democrática", remarcó.

La unicameral Asamblea Nacional (AN) anunció esta semana que se propone aprobar medio centenar de leyes este año, una vez que Chávez la censuró por no avanzar en la reforma o creación de leyes de cara a la instauración de lo que llama "socialismo del siglo XXI".

García y otros que llegaron a la Asamblea Nacional como diputados oficialistas y que luego pasaron a la oposición, cuyos partidos se retiraron de las elecciones parlamentarias hace tres años, manifestaron en el debate que el cambio "es inconstitucional".