Ala hora de escribir este editorial desconocemos cuál ha sido el resultado del congreso nacional de Coalición Canaria. Antes de iniciarse éste, en el Recinto Ferial de Tenerife, circulaban rumores de que se presentaría una candidatura alternativa al tándem formado por Rivero y Barragán, pues aunque el actual presidente del Gobierno regional renunció en su momento a optar también a la presidencia del partido, sabido es que Paulino Rivero miente, políticamente hablando, con mucha frecuencia y que, además, varios alcaldes de Tenerife han estado insistiendo durante los últimos días en que mantenga sus opciones. Una actitud a nuestro juicio disparatada, como lo hemos expresado en nuestros comentarios y editoriales, porque supone la desaparición de CC en un corto período de tiempo. Máxime cuando este ha sido el congreso de las ausencias, ya que no han estado en él ni los herreños ni el CCN.

Coalición Canaria ha tenido en sus manos a lo largo de este fin de semana, y todavía la tiene a lo largo de hoy domingo, la posibilidad de desprenderse de Paulino Rivero, de Ángela Mena y de todos los necios e incompetentes políticos que han hundido a las Islas en una miseria como la que no se recordaba desde hacía tiempo. Expulsar a Rivero y compañía es el primer paso para la conversión del actual nacionalismo de CC -un nacionalismo falso y practicado por bolsilleros políticos que viven no con ánimo de favorecer al pueblo canario, sino con la alevosa intención de esquilmarlo tan infamemente como lo hace el país que nos coloniza- en un nacionalismo auténtico; un nacionalismo que debe aspirar, incondicional e inaplazablemente, a lograr la soberanía nacional para esta tierra nuestra tan maltratada desde que unos criminales se la arrebataron por la fuerza a sus legítimos propietarios: nuestros antepasados los guanches.

Desde entonces -y han transcurrido ya casi seiscientos años desde que concluyó el holocausto de un pueblo que vivía pacíficamente- las decisiones que nos afectan no se toman en las Islas sino en Madrid, a 2.000 kilómetros de distancia de nuestro Archipiélago, y en Bruselas, que está aún más lejos porque, como no bastaba con que fuésemos súbditos coloniales de los españoles -indígenas de allende los mares, aunque no vistamos taparrabos-, también nos han convertido en europeos ultraperiféricos. El colmo de la ignominia: no solo españoles bastardos -porque no somos españoles- sino también europeos ultraperiféricos.

Un ejemplo de que las decisiones que nos conciernen se adoptan lejos de Canarias lo tenemos en el reciente auto del Tribunal Supremo sobre la denuncia del Gobierno de Canarias contra las prospecciones petrolíferas. Un asunto del que se hacía eco el martes de esta semana Ramón Moreno en un artículo titulado "Supremas prospecciones". Considera Moreno que era previsible una decisión tan rápida del alto tribunal "porque el primer y principal objetivo de las metrópolis, en este caso España, es esquilmar los recursos naturales de sus colonias. Por eso, no es de extrañar que el Tribunal Supremo español haya desestimado la petición del Gobierno autonómico de anular las prospecciones petrolíferas. En efecto, el Alto Tribunal español ha fallado en contra de la solicitud presentada por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote para que se declarara nulo el Real Decreto aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy que "convalida" los permisos otorgados a Repsol en 2001 para realizar prospecciones en aguas próximas a Canarias; espacios marítimos que, hay que reiterarlo una vez más, no están delimitados y pertenecen a día de hoy a la Zona Económica Exclusiva de Marruecos, instituida en virtud del Dahir de 8 de abril de 1981".

¿Cuántas veces hemos manifestado en nuestros editoriales que Canarias no puede tener aguas propias, pese a que lo diga Paulino Rivero después de haber sido engañado por Zapatero, porque las Islas están dentro de la jurisdicción marroquí? ¿No es más fácil luchar primero por la independencia de Canarias y luego, una vez constituidos en nación soberana, autorizar o denegar las prospecciones, así como cualquier otra acción que una empresa multinacional o del tipo que sea pretenda realizar en nuestro espacio terrestre o marítimo? Por supuesto que ese es el mejor camino. No obstante, un gobierno de ineptos políticos presidido por un político necio ha optado por el tortuoso camino de los tribunales.

Añade el autor del mencionado artículo que "las reacciones, como era lógico, no se han hecho esperar: el Ejecutivo canario y la Corporación insular se han declarado sorprendidos por el auto del Supremo, y coinciden en señalar que el Alto Tribunal no ha entrado en el fondo de la cuestión. Pero ¿cuál es el fondo del asunto: que se realicen o no las catas, o a quién pertenecen esos yacimientos de petróleo o gas? Como ya he dicho en diversos artículos, que sería prolijo enumerar ahora, la propiedad de esos recursos energéticos y el derecho a explorarlos y explotarlos es el verdadero nudo gordiano de la cuestión. Porque, nos guste o no, y mientras Canarias no sea un Estado soberano, estamos hablando de unos recursos que pertenecen al Estado ribereño, Marruecos, localizados dentro de su ZEE y en el subsuelo marino de su Plataforma Continental, que, ¡no se olvide!, como ha dejado meridianamente claro el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya en otras tantas sentencias (jurisprudencia que Marruecos conoce perfectamente), es un derecho ipso iure y ab initio del Estado costero. ¿Es España, acaso, el Estado costero?".

Vamos a repetirlo una vez más a ver si termina de enterarse el bruto y mago político que preside el Gobierno autonómico: Canarias no puede tener aguas propias ni, por lo tanto, derechos de explotación de los hidrocarburos que podrían existir en su suelo marino, mientras sea el archipiélago de un Estado en vez de un Estado archipielágico. Es decir, mientras no alcancemos la independencia, estamos atados de pies y manos en lo que respecta a la gestión de nuestros recursos. Y no solo eso: estamos a expensas -algo de lo que también hemos avisado en repetidas ocasiones- de que Marruecos decida incorporarnos a su territorio como una provincia más el día menos pensado. Posiblemente tendríamos una autonomía más amplia que la concedida hasta ahora por España y sin duda recibiríamos mejor trato, pero no tendríamos la nacionalidad y la identidad canaria, que es lo que nos corresponde.

Es muy difícil alcanzar la independencia si no se tiene un partido nacionalista fuerte decidido a conseguirla. CC ni siquiera es un partido auténticamente nacionalista. Hay patriotas en sus filas, como hemos señalado muchas veces, pero están amordazados por una pareja de déspotas políticos que se comportan como un matrimonio rumano de triste recuerdo y aciago final. Esta es una razón para que CC se quite de encima a esta pareja y a algunos individuos más que ya hemos mencionado sobradamente en días anteriores. La otra razón está en la dramática situación por la que atraviesa el Archipiélago, caracterizada por paro, hambre, miseria, muertes en las colas sanitarias, emigración y desesperanza. No puede seguir en el Gobierno quien tanto daño ha hecho. Es absurdo que Rivero y su esposa sigan construyéndose un palacio en El Sauzal sabiendo que más pronto que tarde deberán abandonar Canarias, ya que aquí no los quiere nadie. Ni siquiera son bienvenidos en El Sauzal. No los quieren en esta localidad ni en ninguna otra de las Islas. En cualquier lugar los aborrecen, de forma especial a la goda asquerosa política, que se ha creído la virreina de Canarias.

¿Serán capaces los responsables de CC de acabar con esto en las próximas horas, en el supuesto de que no lo hayan hecho ya?