EL SEGUNDO juicio por desobediencia contra Soledad Perera tuvo al menos un efecto positivo para el llamado "caso Piedad". Por fin habló públicamente la madre biológica de esta niña, doña María Ángeles, quien, para pesar de algunos en la Dirección General del Menor y en la administración de Justicia, se ha retratado sola. No han podido mantenerla callada durante más tiempo y, al final, el teatrillo se ha caído con telón incluido. Esta señora, cuya hija ha pasado ya por cuatro centros de menores en sus siete años de vida, no ha tardado ni un año y medio en volver a dimitir como madre, después de que la justicia reivindicara su maternidad y rompiera el equilibrio vital que había logrado con su familia preadoptiva en La Orotava. Apostaron por ella y fallaron, pero el coste sólo lo pagan, de momento, la niña y quienes la quieren.
La madre biológica reconoce que ha ingresado a su hija en un centro de menores "porque es un potrillo desbocado" (con 7 años), "porque la juventud está muy mal" (con 7 años), y porque quiere, por supuesto, que sean otros, como siempre, los que la eduquen y atiendan: "Está en lo que yo llamo un colegio interno porque hay que enderezarla y necesita disciplina". ¡Toma ya!
Prodeni, y cualquiera con dos dedos de frente, ha entendido que estas declaraciones suponen el reconocimiento de su incapacidad como madre. A la vista de todo esto, ¿a qué están esperando la Dirección General del Menor y la Fiscalía para actuar? Desde aquí, y si no se produce una actuación fulminante en defensa del derecho de Piedad a tener una familia normal, sólo nos queda hacer un llamamiento a todos los progenitores de Canarias para que, con cargo al erario público, cedan la educación, manutención y atención afectiva de sus hijos al Gobierno regional, ya que la actitud de esta señora, a la que también le han puesto un piso y le han buscado trabajo, sería perfectamente normal. La de cualquier madre, vamos.
*Redactor de EL DÍA