Veinticuatro años después de su salto a la Alcaldía de Santa Cruz, y catorce desde que un desconocido colectivo denominado Ínsula Viable denunciara el que se convertiría en el mayor caso de corrupción de Canarias, Miguel Zerolo, exalcalde de la capital y principal cargo político condenado acabará en la cárcel. Dicho exregidor y el exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo, han sido condenados a siete años de prisión. Los funcionarios Víctor Reyes y José Tomás Martín tienen una pena de cuatro años y seis meses y cuatro años, respectivamente. Además, los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González se enfrentan a una condena de cinco años y tres meses de privación de libertad.

Una larga y compleja instrucción, no exenta de polémica, presiones y traiciones políticas concluyó ayer con la ratificación por parte del Tribunal Supremo (TS) de la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que, ya en 2017, condenaba al que en otra época fue uno de los regidores con más apoyos, tanto dentro como fuera de Coalición Canaria (CC), e, incluso, en otros partidos, a siete años de prisión por los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

Zerolo supo ganarse el favor popular durante cuatro mandatos consecutivos. Incluso después de haberse presentado la denuncia y ya con indicios evidentes de que la operación de compraventa del frente de la playa de Las Teresitas estaba amañada, Zerolo mantuvo un gran respaldo popular. No obstante, la denuncia armada por Santiago Pérez y ejecutada por el actual portavoz municipal socialista, José Ángel Martín, acabó minando la labor de un alcalde al que, al final, hasta su partido le dio la espalda.

La sentencia hecha pública ayer -más de 500 folios- confirma la "connivencia y la cooperación" de los condenados en la alteración del precio de los terrenos del frente de playa. Frente a los 19 millones de euros que valoraron los técnicos municipales, el ayuntamiento, con Miguel Zerolo al frente, acabó pagando 52,2 a los empresarios que formaron parte de la trama: Ignacio González y Antonio Plasencia.

Por estos hechos, tanto González como Plasencia figuran también como condenados a prisión en el caso Las Teresitas. Sus penas, a diferencia de Zerolo, son menores: cinco años y tres meses para cada uno de ellos.

Dice el fallo del Supremo que el acuerdo al que llegaron el consistorio y los dos empresarios citados supuso un perjuicio para las arcas municipales, y recalca que se dictaron resoluciones "a sabiendas de su injusticia" para conseguir el fin pretendido.

De hecho, añade el Alto Tribunal que el gasto necesario para la compra obligó a aprobar una modificación y ampliación del presupuesto municipal para hacer frente a la compra de los terrenos, y resalta que la operación generó "descomunales plusvalías" a los empresarios, vendedores del frente de playa, a quienes se benefició de forma "clandestina" a costa del interés público y del patrimonio municipal.

De cualquier forma, y como en casi toda operación urbanística, el alcalde no actuó solo. Así lo ratifica también la sentencia, que mantiene las penas impuestas por la Audiencia Provincial a los que, en los años en los que se produjeron los hechos -comienzos del segundo mandato de Zerolo, formaban la cúpula de Urbanismo.

Para Manuel Parejo, concejal del área y condenado ya por otro caso municipal, el mamotreto, el Supremo mantiene los siete años de cárcel impuestos en primera instancia, mientras que para el exsecretario de la Gerencia -aún en el organigrama administrativo municipal- Víctor Reyes, confirma los cuatro años y seis meses iniciales. Para el tercero de ellos, el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín -actualmente en el Ayuntamiento de Tegueste-, el Tribunal Supremo fija cinco años y tres meses de cárcel.

Todos deberán ingresar en la cárcel en los próximos días, en plena precampaña de las elecciones generales.

Además de la condena a prisión, el fallo del Alto Tribunal ratifica las penas de inhabilitación absoluta de 17 años y medio para Zerolo y Parejo; siete años para los dos empresarios, y 14 años para Víctor Reyes y José Tomás Martín, respectivamente.

Decía ayer la primera teniente de alcalde de Santa Cruz, Zaida González (PP), que la sentencia "firme" del Supremo -recurrible en amparo ante el Constitucional pero sin que pare la ejecución- acaba con la etapa "más oscura" de la corporación de la capital.

Falta para ello, en cualquier caso, un aspecto importante que el propio fallo judicial abre definitivamente: la posibilidad de que el Ayuntamiento de Santa Cruz solicite a los condenados la devolución del dinero, 61,7 millones más los intereses -se calcula que podrían ser cien-, que se computarán, por decisión del Supremo, desde 2006, cuando se presentó la querella, y no desde 2001, cuando se produjeron los hechos.