La Plataforma pro Edificio Judicial en Cabo Llanos, integrada por todos los operadores jurídicos de Santa Cruz de Tenerife, ha criticado la reacción de algunos políticos, concretamente del consejero de Justicia del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, y del concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño, a la hora de justificar la decisión de ubicar la futura Ciudad de la Justicia en El Sobradillo.

La Plafaforma señala en un comunicado que "la rapidez de la respuesta, su virulencia y falta de argumentos --llegando incluso a la descalificación personal en el caso del concejal-- constituyen la demostración más palpable del éxito de este movimiento y la corrección de su planteamiento, que no es otro que la defensa de una justicia próxima y accesible para todos".

Para este movimiento, "resulta inadmisible que se tache de secuestradores de la decisión a los operadores jurídicos simplemente porque discrepen del parecer del consejero o que el concejal se permita acudir directamente al argumento ad hominem; triste ejercicio de la política es recurrir a la descalificación en vez de convencer o rebatir con razonamientos".

Desde la plataforma aclaran que nadie ha discutido la competencia de la Comunidad Autónoma en lo que respecta a los medios materiales al servicio de la Administración de Justicia: "Esos medios --de manera destacada los edificios-- tienen que dar el mejor servicio a los justiciables y a los operadores jurídicos, y es obvio que importa el qué, pero también el dónde".

Tal es el sentido de las manifestaciones realizadas en la rueda de prensa en el día de ayer al destacarse que la decisión acerca de la ubicación de la Ciudad de la Justicia no puede obedecer a intereses urbanísticos, sino exclusivamente a los intereses de la Justicia, explica la plataforma.

Las reglas del buen gobierno --añaden-- exigen que "una decisión de este calado, que va desplegar sus efectos a largo plazo y que no podrá ser culminada durante el mandato de estos responsables, se adopte con el mayor consenso posible de todas las fuerzas políticas y de los colectivos afectados". "Hasta ahora la actuación de la Administración ha ido justamente en el sentido contrario, hasta el punto de concitar la unánime oposición de todos los operadores jurídicos de Santa Cruz de Tenerife, nunca jamás antes conseguida", censuran.

En cualquier caso, si la Administración decidiera imponer por encima de todo su criterio, advierten que tal decisión "sería revisable ante los tribunales, precisamente a la luz del concepto de interés público", y recuerdan que ya anunciaron que ésta es una de las iniciativas que podrá desarrollarse por las corporaciones o asociaciones que se integran en este colectivo.

La plataforma, aclara en su comunicado, "tiene perfecto derecho a exponer sus argumentos en defensa de que la sede de la Administración de Justicia permanezca en Cabo Llanos". Recuerdan que representan a más de cinco mil personas pertenecientes a todos los colectivos directamente relacionados con la Administración de Justicia; "ciudadanos que piensan, que opinan, que pagan sus impuestos, que votan y que, con la venia de los responsables políticos, también del concejal de Urbanismo, tienen derecho a ser oídos".

Desde la plataforma muestra su satisfacción que inmediatamente hayn surgido iniciativas en paralelo, como la dada a conocer por la Asociación Justicia y Sociedad o la promovida por el Grupo del PSOE en el Parlamento de Canarias. Invitan a los demás grupos políticos, asociaciones y movimientos ciudadanos a que continúen en esta línea.

Insisten en que su planteamiento es en positivo: "No estamos en contra de nada ni de nadie. Lo que defendemos, con argumentos, es la solución que garantiza la mejor y más adecuada prestación del servicio público de la Justicia en Santa Cruz de Tenerife, la que beneficia a más ciudadanos, profesionales y funcionarios. Eso es el interés general. Una justicia próxima y accesible".

Consideran que los juzgados deben permanecer en Cabo Llanos porque "es la zona que concentra la actividad administrativa de la ciudad y la que cuenta con las mejores comunicaciones de toda la isla". "Es algo obvio, de sentido común, y así figura en la memoria de ordenación estructural del PGO de Santa Cruz de Tenerife, revisión 2013, documento que, suponemos, deberá significar algo para el Ayuntamiento de nuestra ciudad", agregan.

"No queremos nada más que la también capital de Canarias pero tampoco nada menos. Quédense de antemano con la medalla pero hagan de una vez por todas una Ciudad de la Justicia digna de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife", concluyen.