Pía Oramas, ex arquitecta municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz, iniciará hoy, día 17, la ronda de pruebas periciales dentro de la vista oral de la causa penal de la playa de Las Teresitas.
Oramas llevó a cabo en el año 2001 una tasación de los terrenos en la que los valoró en 19 millones de euros frente a los 53 que finalmente desembolsó el Ayuntamiento, lo que implica una diferencia de 34 millones. En su declaración ante la juez, Carla Bellini, y la fiscal Anticorrupción María Farnés Martínez, aseguró que había recibido presiones para que variara al alza su tasación y cambiara los criterios utilizados. También declaró que se negó a firmar la valoración de Tinsa, que fijaba en 6 millones más el coste de los terrenos. Lo cierto es que el trabajo de Oramas nunca se incluyó en el expediente de compra, causa por la que en 2007 el Tribunal Supremo (TS) acabaría anulando la operación.
A partir de aquí se inició un cruce de reclamaciones entre los anteriores propietarios, la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT) y el Ayuntamiento, cuya vista civil tuvo lugar a principios de año. En el transcurso de la misma intervino Oramas para dejar claro que se mantenía firme en el contenido de sus conclusiones.
En esta ronda de pruebas periciales también intervendrá Jordi Duatis Puigdollers, profesor de Arquitectura de la Universidad de Barcelona y que en la causa civil actuó como perito elegido por ILT. En aquel entonces defendió una valoración de los terrenos de 58 millones, cinco más de los pagados por el Ayuntamiento.
A lo largo de la semana está previsto que intervengan también los arquitectos Vicente Fernando Hernández y Alberto Núñez, que en su momento elaboraron una tasación por encargo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y que fijó el valor de los terrenos en 15 millones, incluso menos que la de Oramas. El cálculo está hecho sobre la certeza de que un tercio del suelo comprado había sido cedido por la Junta a la Corporación local para que realizara las obras de la playa artificial a cambio del pago de una deuda que nunca se saldó. Pero además otro tercio se corresponde a suelo público propiedad de Costas en el que además se sitúan las parcelas con mayor edificabilidad.
La próxima semana intervendrá el arquitecto Javier Domínguez Anadón, quien en su momento elaboró un informe a petición de ILT, cuya conclusión es que el valor de los terrenos es de 71 millones, 18 más de lo pagado. Domínguez Anadón siempre ha negado que el precio del frente de playa se haya visto aminorado por la moratoria, los estándares turísticos o el deslinde de Costas. El arquitecto nunca ha escondido que trabajó para la Federación de Empresarios de la Construcción (Fepeco), presidida hasta hace unos meses por Antonio Plasencia, socio de ILT, a quien ha asesorado en diversas ocasiones. Una vez que acabe la ronda de los 20 técnicos que defenderán sus informes periciales será, cuando cada uno de los trece acusados serán llamados a declarar.