Asunción Frías, concejal de Sí se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, denunció ayer que el consistorio "incumplió", el pasado día 1 en el asentamiento del Pancho Camurria, el procedimiento que la propia Corporación capitalina estableció hace seis meses para intervenciones como esta.
Concretamente, y según la edil, el Gobierno local confirmó en la última Comisión de Control, ante una pregunta de Frías, que la Unidad Móvil de Acercamiento (UMA) tenía que haber estado presente en el desmantelamiento, pero lo cierto es que no acudió.
En la citada respuesta se señala que en operaciones de este tipo "se fija el día del derribo y se procede al mismo con presencia de personal de Servicios Sociales (responsables del CMA y de la UMA) y el personal de Urbaser y de la Policía".
Sin embargo, todas las fuentes consultadas por Sí se Puede -residentes, voluntarias y medios de comunicación- coinciden en que durante el derribo del 1 de marzo no hubo presencia de personal de Servicios Sociales: ni del Centro Municipal de Acogida (CMA) ni de la UMA.
También señala el grupo de gobierno que "una vez que una persona decide abandonar el asentamiento, acordamos con ella el derribo de la caseta, previa autorización de la persona ocupante".
Pero Sí se Puede "tiene constancia" de que dos personas cuyas casetas fueron derribadas el día 1 han afirmado que no habían dado ninguna autorización para ello.