La empresa pública Gestur ha recibido por séptima vez consecutiva el encargo de poner orden en las numerosas expropiaciones llevadas a cabo en el polígono de El Rosario, en el Suroeste de Santa Cruz, desde hace casi cinco décadas. Muchas de estas ocupaciones han sido anuladas por los tribunales al estimarse que no siempre se defendieron los intereses públicos. Por ejemplo, se dan casos del pago a los propietarios originales de cinco euros por metro cuadrado, mientras que el valor actual supera los 1.000 euros.
El lunes, el Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó la séptima firma del convenio suscrito en 2010 entre el Gobierno canario y Gestur, que se ha venido renovando cada ejercicio. En el texto del acuerdo firmado en su día se reconoce que la complejidad de los expedientes deriva de las diversas vicisitudes, "de la más variada naturaleza, que desde el inicio del mismo han afectado a su tramitación y ejecución".
Como consecuencia existe "un enjambre de actividades a desarrollar con el fin de culminar los expedientes". Las tareas se centrarán en la elaboración y redacción de los estudios necesarios para proceder al pago de las parcelas afectadas por las expropiaciones, indagaciones en el Registro de la Propiedad para cotejar las documentaciones aportadas por los vecinos o determinar qué expedientes son los necesarios. Gestur, como empresa que sustituye a la anterior Promociones El Rosario S. A. (Prosa), también debe hacerse cargo del pago de los justiprecios a través de la entrega de los solares de reposición, entre otros muchos trámites más.
El área afectada por este entramado urbanístico abarca desde Los Majuelos hasta La Gallega, en la que reside la cuarta parte de la población del municipio. El embrollo tuvo su inicio en 1969, cuando el Instituto Nacional de la Vivienda promovió la delimitación de un polígono residencial de 338 hectáreas entre Santa Cruz y La Laguna. La mayor parte del suelo a expropiar se ubicaba en la capital, con 251 hectáreas, y las 87 restantes, en La Laguna.
La doctora de Geografía y catedrática de Análisis Geográfico Regional de la ULL Luz Marina García Herrera relata en su obra "Propiedad del suelo en Santa Cruz de Tenerife" los pormenores de esta aparatosa operación.
Desde un principio se planteó una auténtica remodelación del sector recurriendo a las expropiaciones que iban a afectar sobre todo a los barrios de autoconstrucción existentes. Los planes se completaban con la superposición de una nueva trama viaria y la implantación de una tipología de edificación en bloque, hasta entonces inexistente. Pero desde un principio esta planificación se dio de frente con la realidad. Y es que se incurrió, según esta autora, en "una desastrosa gestión de las expropiaciones hasta el punto de que los antiguos propietarios acusan a las administraciones de haber especulado con los terrenos que ocuparon pagando precios irrisorios".
La ocupación llevada a cabo desde finales de los 70 afectó a 121 vecinos que eran propietarios de 274 parcelas, y tenía como objetivo concretar un cambio radical en los barrios situados entre Taco y La Gallega para construir viviendas sociales y una zona industrial. Casi medio siglo después de haber planificado esta macro operación urbanística son ya varias las sentencias firmes que han ratificado que se cometieron irregularidades de calado durante todo este proceso, lo que obliga a la revisión de las expropiaciones.
En algunos casos, las cantidades que tendrá que desembolsar el Gobierno canario y el ayuntamiento son notablemente elevadas. Por ejemplo, en el de una sola empresa se llegan a los 700.000 euros. Por ello, se teme que una avalancha de resoluciones favorables a los vecinos haría inasumible los pagos por parte del Gobierno canario.
Cabe indicar que, en estos momentos, son varias las familias que llevan tres lustros esperando a que se les abone el precio real de los solares ocupados.
Los tribunales han venido ratificando desde hace años que se cometieron errores de bulto en esta operación, de manera que las valoraciones no se ajustaban a la realidad y que incluso en algunas ocasiones se reducía la superficie real ocupada. Es el caso de la familia García Coello, quienes en 1998 vieron cómo el Supremo les reconocía el derecho a recibir una indemnización de 78.000 euros o que se procediera a la devolución de la parcela ocupada. La primera posibilidad es la que les han dejado los tribunales, aunque ni siquiera así han podido ver cómo se cumple el fallo judicial.
Esta familia mantiene que lo ocurrido con ellos no es un caso aislado. Los antiguos propietarios criticaron en su momento "que la parcela fue ocupada en teoría para hacer viviendas sociales, pero con el tiempo tiene propietario privado y está en el mercado libre. Mientras, la otra parte no se puede tocar al estar dentro de una unidad de actuación". Hace cerca de un año solicitaron a la Comisión de Valoraciones de Canarias que calculara el precio a abonar, pero sin éxito. No han recibido ni un acuse de recibo.