La Secretaría del Cabildo de Tenerife podría emprender acciones judiciales contra el consejero del grupo de Podemos Julio Concepción al entender que este imputa delitos falsos al presidente de la institución insular, Carlos Alonso, y al propio secretario, José Antonio Duque, en un documento que remitió a este órgano impugnando la junta general extraordinaria de los casinos celebrada el pasado 2 de octubre, unos minutos antes del pleno.

Así lo expresa, en un contundente escrito al que ha tenido acceso este periódico, el secretario insular, que afirma literalmente: "No tiene más remedio este firmante que recordar que nuestro vigente Código Penal tipifica en su Título XI como delitos contra el honor la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad (...)". A lo que añade en las conclusiones de cierre: "Esta [Secretaría] se reserva, previas las valoraciones jurídico-técnicas que sean pertinentes, la adopción de las medidas legales que procedan previstas en nuestro ordenamiento jurídico".

Junto a la advertencia, la singularidad de lo ocurrido estriba en, fundamentalmente, dos factores: por un lado, el tono utilizado por José Antonio Duque (conocedores de la praxis de la Secretaría del Cabildo indicaron ayer que es infrecuente la emisión de un texto en esa línea) y, por otro, el interesante debate jurídico que se produce de fondo.

Y es que la génesis del desencuentro está en que Julio Concepción presentó el 14 de octubre un texto en el que formulaba la impugnación de la junta general extraordinaria y universal de las entidades Casino Playa de Las Américas, Casino Taoro y Casino de Santa Cruz de Tenerife, y pedía la nulidad de la junta en cuestión y de los acuerdos que en ella fueron adoptados. El motivo: que no estuvieron presentes todos los consejeros, condición "sine qua non", según Podemos, para que fuese válido lo aprobado.

La respuesta del secretario es, en esencia, que no tienen razón; que para la constitución de la Junta General se requiere que esté presente todo el capital social y que los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión. "Debe advertirse que el socio capitalista en estas sociedades de capital íntegramente insular es el Cabildo de Tenerife y no sus consejeros. Los consejeros no son accionistas individuales de cada una de estas sociedades, sino miembros del Pleno que actúa en funciones de Junta General de una sociedad mercantil cuyo único accionista es el Cabildo", argumenta el secretario, al que se le entrelee desde el mismo comienzo del texto su malestar: "A pesar de que continuamente se hace referencia a estos consejeros o dicentes, sendos escritos se hallan suscritos únicamente por don Julio Concepción, consejero del grupo político Podemos, y no por la totalidad de consejeros del grupo, ni por una pluralidad de consejeros, ni por el consejero portavoz del grupo político referido".

Preguntado ayer por la situación, Concepción acudió a la denominación oficial de un órgano que, consideró, si recibe el nombre de "universal", exige que esté presente "todo el Pleno", si bien "faltaron cinco consejeros". Al tiempo que planteó que este partido está trabajando con sus asesores jurídicos para determinar si siguen adelante en la impugnación -"es muy probable", precisó-, se reafirmó en las tesis planteadas sobre esa supuesta irregularidad de la junta general desarrollada y puntualizó que no se trata de una actuación que emprendiese por su cuenta, sino que sus compañeros estaban de acuerdo.

Pero no ha sido el arreglo o no al reglamento lo que ha enardecido los ánimos en el palacio insular, sino esas otras afirmaciones duras que el representante de Podemos agregó en su escrito: "La conducta de don Carlos Alonso y don José Antonio Duque ha inducido a que los demás consejeros concurrentes hayan incurrido en un acto realmente grave, máxime atendiendo a que con la celebración, con la flagrante violación de normas, han obtenido la aprobación de unos acuerdos a la postre ilegales".

Sobre estos hechos -que se enmarcan en pleno proceso de reactivación de la privatización de los Casinos-, el máximo responsable del Cabildo no aclaró ayer si también emprenderá medidas legales por las acusaciones, pero sí reprobó unas "descalificaciones" que no cree "de recibo". "Ellos deben tomar nota de que esto no es un patio de vecinos, sino una institución seria", apuntó Carlos Alonso, que destacó que Podemos no votó en contra de los acuerdos de la junta general.

las claves

El Cabildo ha reactivado el proceso de privatización de los casinos, a lo que los empleados y el grupo de Podemos se oponen.

Antes del último pleno se celebró una junta general de los casinos que, según Podemos, no es válida al no haber asistido todos los consejeros insulares.

La formación impugnó la junta con un escrito en el que entreveraba acusaciones al presidente y secretario del Cabildo.

La Secretaría argumenta la validez del acto; Podemos dice lo contrario.