La modificación de la Ley de Renovación y Modernización Turística, aprobada el pasado martes en el Parlamento de Canarias, permitirá que una veintena de hoteles de la Isla y alrededor de 8.000 camas pasen a ser completamente legales, dado que carecen de la denominada "autorización administrativa turística" y están en una situación alegal.
Así lo explicaron ayer el presidente del Cabildo tinerfeño, Carlos Alonso, y la consejera insular de Planificación, Pino de León, que precisó que esta nueva situación dará seguridad jurídica a los establecimientos afectados, que, en su día, no llegaron a cumplimentar determinados trámites urbanísticos o sectoriales.
"Había dos alternativas: cerrarlos, con lo que supone para el empleo y para la oferta alojativa, o ir a su regulación", apuntó Alonso sobre unos hoteles a los que, con la modificación, se les exigirá para su legalización los estándares urbanísticos de cuando se les dio la licencia de obra, en todos los casos antes de 2001.
Además, el cambio legal permitirá que "destinos maduros", como es el caso del Puerto de la Cruz, tengan la posibilidad de acogerse a incentivos para impulsar la renovación de sus establecimientos turísticos más obsoletos, y que se pueda agilizar la tramitación de los planes territoriales aprobados inicialmente y sometidos a consulta, que podrán continuar su tramitación durante dos años. Esto último afecta a instrumentos de planificación importantes, como los de los trenes del Norte y del Sur o el del Complejo Ambiental de Arico, entre otros.
Al término de la rueda de prensa, Alonso insistió en las demandas a AENA de ampliación para el Reina Sofía.