El vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, consejero insular de Bienestar Social y exalcalde de Buenavista, Aurelio Abreu (PSOE), declaró en la mañana de ayer en el Juzgado de Instrucción Número Dos de Icod de los Vinos en calidad de imputado por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por la adjudicación directa de la redacción del proyecto de construcción de la residencia de discapacitados de Buenavista en 2006. Cuando aún era alcalde, Abreu adjudicó este trabajo por 180.000 euros a un estudio de arquitectos donde tenía un puesto destacado un exedil del PSOE en Santa Cruz de Tenerife.
Finalmente, la empresa solo llegó a cobrar 162.000 euros por el trabajo y, según el alcalde actual, Antonio González Fortes (Sí se Puede), "nunca han reclamado el resto".
La Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias concedió en el año 2006 una subvención de 162.000 euros al Ayuntamiento de Buenavista para la redacción del proyecto. Esa cantidad se pagó al estudio de arquitectos en concepto de redacción del documento, según denunció Sí se Puede. Posteriormente, el secretario interventor del Ayuntamiento de Buenavista remitió un certificado a la Consejería regional en el que se informó del destino íntegro de la ayuda.
En 2011, Sí se Puede llega al gobierno de Buenavista y, según han denunciado, no encuentran el citado proyecto en el consistorio. Cuando se lo reclaman al estudio de arquitectos que lo redactó, "alegan que se había extraviado durante una mudanza y no entregan copia".
El gobierno de Sí se Puede ha asegurado en varias ocasiones que tuvo que denunciar este caso después de que "un informe de la secretaría municipal señalara que ese proyecto nunca tuvo registro de entrada en el ayuntamiento". Al mismo tiempo se realizaron consultas al Colegio de Arquitectos y a la Consejería regional de Bienestar Social, "que tampoco tenían constancia de la existencia proyecto de la residencia de Buenavista".
En julio de 2012, González Fortes hizo llegar a la Fiscalía sus dudas sobre la legalidad del procedimiento seguido para adjudicar la redacción del proyecto. A su juicio, "no se siguió el procedimiento legal de licitación pública, sino que se procedió a una adjudicación directa, a dedo".
Tras la denuncia de Antonio González Fortes ante la Fiscalía y su difusión pública, el proyecto fue entregado al ayuntamiento por el estudio de arquitectos.
La propia Fiscalía decidió, a finales de 2012, presentar una denuncia por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos contra Abreu, tras analizar la presentada por Fortes unos meses antes. La Fiscalía ve indicios de delito en el procedimiento de adjudicación.
El primer teniente de alcalde de Buenavista, Esteban Lorenzo (Sí se Puede), también fue citado a declarar ayer en el Juzgado Nº2 de Icod, en calidad de testigo.
Considera que las acusaciones son "falsas e infundadas"
El pasado marzo, Aurelio Abreu emitió un "comunicado personal" en el que advirtió que no haría más declaraciones públicas sobre el procedimiento judicial abierto por la reforma de la residencia de discapacitados. Hace siete meses recalcó que tendría que comparecer ante el juez en calidad de imputado "por unas acusaciones falsas e infundadas". Abreu señaló entonces que "desde la interposición de la denuncia he tenido siempre absoluta disposición para colaborar y exponer los hechos, de lo que da prueba el que tan pronto como renuncié a mi acta de senador por Tenerife puse en conocimiento del juzgado esta circunstancia y mi entera disposición para ir a declarar". Defendió su inocencia y su actuación: "Tengo plena tranquilidad al respecto de mi actuación como alcalde, y la máxima confianza en que así se lo expondré al juez, dando todas las explicaciones que me sean requeridas y demostrando con ellas y con la documentación recogida que las acusaciones vertidas contra mí son falsas e infundadas. Confío en que tras mi declaración el proceso no se dilate más allá de lo imprescindible, para poner fin a una situación de gran desgaste personal y familiar".