"Creo que ha llegado el momento, por el bien de todos los implicados en el sector vitivinícola de Tenerife, de que el Cabildo, una corporación pública, deje de participar en una actividad que le corresponde únicamente al sector privado". Es el pronunciamiento que ayer hizo Alfonso Juan López Torres, director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA).
Lo dijo atendiendo a la opinión públicamente expuesta por viticultores, bodegueros, Avibo, consejos reguladores, organizaciones agrarias, Asaga, Avite y partidos políticos, entre otros.
A su juicio, "nada de esto hubiera sucedido si la empresa fuera privada y sin participación pública", señaló en alusión a la polémica suscitada tras darse a conocer la compra de vino a granel peninsular por parte de la empresa mixta Bodegas Insulares Tenerife, de la que el Cabildo es el accionista principal.
El ICCA recibió una denuncia anónima el jueves de la semana pasada y el martes y miércoles pasado inspeccionó las tres instalaciones adscritas a esa empresa. "Debe quedar claro que, a día de hoy (por ayer), los resultados de la investigación aún no han concluido y seguimos analizando la documentación requerida, así como nuestros datos derivados de las visitas a las bodegas inspeccionadas", manifestó López Torres.
En cualquier caso, el director del ICCA aclaró que, "según las datos de los que dispongo ahora, las prácticas realizadas en Bodegas Insulares son permitidas por la legislación vigente para vinos no amparados por una denominación de origen".
A su juicio, a "la buena gente del sector le ha gustado que desde el ICCA no hayamos hablado mucho sobre el contenido de las inspecciones ni de los informes. Eso, a mi entender y al de la gente del sector, es una muestra de que trabajamos con seriedad y rigurosidad".
Alfonso Juan López también puso de manifiesto que "no me corresponde a mí, como director del ICCA, hacer valoracion política, ética o moral sobre la oportunidad o no de estas prácticas".
El futuro de BITSA
Bodegas Insulares (BITSA) "debería, mientras todos los implicados del sector deciden el modelo vitivinícola a seguir, trabajar en conocer los kilos de uva sin comprador y la cantidad de vino sin vender que hay en las bodegas y, porque para eso se creó, comprar a un precio razonable (1 euro por kilo de uva y, al menos, un mínimo de 2 euros por litro de vino a granel) que sea rentable para el agricultor y bodeguero". Alfonso López opinó que "debe cubrirse, con fondos públicos, la diferencia de precios al venderlos en otros mercados y dedicar a ello los beneficios obtenidos, de manera tan desafortunada, con la operación del vino de La Mancha, así como todos los demás recursos para congraciarse de nuevo con el sector".