El portavoz insular de Sí se puede, Fernando Sabaté, ha calificado de "absolutamente irregular" el proyecto de construcción de un circuito en el sur de Tenerife ya que no ha tenido en cuenta la legislación vigente, especialmente desde el punto de vista ambiental --aunque la declaración de impacto ha sido aprobada--, y además representa un gasto económico "absolutamente insostenible" pese a la existencia de inversores privados.
"Sigue siendo uno de esos proyectos megalomaníacos del pasado, en el que tendremos que invertir cientos de miles de euros públicos destinados a nuevas carreteras y acondicionamiento de los accesos, para un beneficio particular", explica.
Sabaté considera que detrás de esta obra puede estar la falta de materiales para realizar el puerto de Granadilla, siendo en todo caso una "infraestructura innecesaria y destinada a fomentar la especulación urbana ejercida por el actual grupo de Gobierno municipal, y que junto con puertos deportivos y campos de golf ha sido la moda inversora para los especuladores que generaron esta crisis".
En Sí se puede manifiestan su apuesta por fomentar un desarrollo equilibrado y respetuoso con los valores naturales, etnográficos y sociales, y resaltan el impacto que representa para esa zona el circuito, "ocupando un excelente suelo agrícola y generando contaminación y molestias a los vecinos".
Además, Sabaté cuestiona a los inversores privados que supuestamente pagarán los más de 31 millones de euros que costará la nueva infraestructura deportiva, ya que no es la primera vez que se inicia un proyecto que se queda a medias y acaba siendo "rescatado" por las instituciones públicas por un "supuesto bien general".
Según sus cálculos, el Cabildo ha invertido ya más de seis millones de euros en el proyecto y en los acondicionamientos que se han ido realizando en la zona.
La formación de izquierdas explica que en este momento hay numerosos proyectos similares en otros países que han quedado en el olvido o abandonados. "Nos parece realmente un nuevo brindis al sol de los trillizos, que una vez más aplica la política de hechos consumados para hacer irreversible cualquier alternativa de uso de un importante espacio agrícola", asegura.
Además, recuerda que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha 19 de junio de 2006 aprobó toda una serie de condicionantes ambientales que no se están cumpliendo, donde se destacaba que "el impacto acústico es uno de los más importantes que se van a producir como consecuencia de la futura instalación y funcionamiento de este proyecto, y es absolutamente imprescindible que el futuro Estudio de Impacto Ambiental del proyecto constructivo de este centro contemple un estudio riguroso de este capítulo", algo de lo que dudan en Sí se Puede.