Hay que discurrir por los atajos de la memoria y transitar entre los túneles del tiempo para descubrir lo alejado que queda el momento en el que comenzó a ejecutarse la obra del anillo insular y hasta dónde se remonta esta historia de momento inacabada.

Solo así caeríamos en la cuenta del retraso que acumula una megainfraestructura viaria que, ya desde su planeamiento, se consideró "vital" para el porvenir y el desarrollo no solo de los habitantes de la comarca noroeste -la más alejada del área metropolitana y de los núcleos administrativos, sanitarios, políticos y económicos-, sino también del resto de pobladores de la Isla.

En palabras del presidente del Gobierno, Paulino Rivero, esta obra venía a representar un ejemplo de "justicia social", por cuanto resultaba básico que cualquier tinerfeño pudiera acceder en óptimas condiciones y en igualdad de oportunidades a los nichos de trabajo que ofrece el subsector turístico en el Sur de la Isla.

Pero a pesar de ser el anillo un elemento que simboliza compromiso, esta actuación ha ido escribiendo una serie continuada de incumplimientos, jalonada por expropiaciones de bienes y terrenos, cicatrices sobre el territorio, manifestaciones ciudadanas de protesta, demoras en la ejecución, paralización de las obras por falta de partidas presupuestarias, argumento para el enfrentamiento, demagogia entre partidos...

La construcción del anillo insular supone la aspiración de un viejo proyecto del que comenzó a hablarse allá por 1986, si bien no sería hasta el 19 de octubre de 2006 cuando se daba forma y naturaleza a esta idea. En aquella fecha, el Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicaba la adjudicación, por parte de la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno canario, de las obras de la nueva carretera entre Adeje y Santiago del Teide y su conexión con el puerto de Fonsalía, por un importe de 167.836.150 euros. El plazo de ejecución se estableció en 31 meses a partir del comienzo de la obra, que se inició en diciembre de ese año. Es decir, que aquel plazo inicial tendría que haberse cumplido en julio de 2009.

En una época marcada por el "desarrollismo", donde la construcción de grandes infraestructuras dominaba el panorama, las plataformas contrarias a estos proyectos convocaron manifestaciones en julio de 2008 en la zona de Icod, que se repitieron en septiembre de 2009, el mismo año en el que allá por el mes de enero, una delegación de vecinos afectados por la construcción de la carretera se presentó ante el Parlamento Europeo, en Bruselas. para exponer sus quejas. También en marzo de aquel año, el Gobierno de Canarias anunciaba que continuaría los trabajos en el tramo comprendido entre Icod de Los Vinos y El Tanque, a pesar de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anulaba el decreto del Ejecutivo que declaraba la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la obra de la nueva carretera.

Mientras tanto se iban levantado viaductos; pasos superiores e inferiores; se extraían millones de metros cúbicos de excavación, miles de metros cúbicos de hormigón y se movían millones de kilos de acero, conformando un paisaje de túneles y puentes, enlaces y rotondas con una afección evidente sobre el territorio.

En marzo de 2011, el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, visitaba las obras y en enero de 2012 volvía a pisar el terreno para anunciar que el anillo insular se culminaría en diciembre, seis años después de iniciarse.

Las previsiones volvieron a fallar -algo fatalmente natural-, pero si había dudas, se acrecentaron cuando en marzo de 2013 los trabajos quedaban totalmente paralizados. La causa, el brutal recorte del 74% del presupuesto de inversión en carreteras para Canarias por parte del Estado, según denunciaba el Ejecutivo regional, pasando de 207 a 54 millones, una circunstancia que afectaba, de manera directa, a la obra de mayor envergadura: el anillo insular.

Pero el anillo insular volvía a la actualidad el pasado junio, cuando el consejero de Carreteras del Cabildo, el socialista José Luis Delgado, se quejaba del retraso en las obras del tramo sur, entre Adeje y Santiago del Teide, y cuestionaba que no se hubiera cumplido con el cronograma previsto.

El presidente de la Corporación insular, Carlos Alonso, manifestaba que Fomento rechazaba declarar el cierre del anillo como obra de interés general, en concreto el túnel de Erjos, lo que supondría haber dado prioridad al proyecto y obligar al Estado a financiarlo, en vez de incluirlo en el convenio Canarias-Estado.

El penúltimo episodio, la batalla protagonizada entre los senadores por Tenerife del PP y el PSOE.

Y, mientras esto ocurre, el anillo de nunca acabar.