El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha suscrito hoy lunes un convenio con Provivienda, asociación sin ánimo de lucro que desarrolla programas de alojamiento de carácter social en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para buscar hogares a las familias del municipio sin recursos y dar así respuesta a la creciente demanda de vivienda. El documento fue suscrito por el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y el director de Desarrollo de Provivienda, Javier Oliver.
El acto contó además con la presencia de la séptima teniente de alcalde y concejala de Atención Social, Alicia Álvarez; la edil responsable del área de Vivienda, Ángela Mena, y el director de Programas en Canarias de Provivienda, Fernando Rodríguez.
Tras la firma del convenio, Bermúdez destacó que la habilitación de esta nueva herramienta “es otro paso más que da el Ayuntamiento en su propósito de dar más a los que menos tienen, con un acuerdo que servirá para ofrecer una mayor respuesta a las crecientes demandas que nos llegan tanto por el área de Vivienda como de Atención Social”.
El acuerdo tendrá validez hasta el próximo 31 de diciembre, aunque podría prorrogarse mientras cuente con financiación o se esté en plazo para la convocatoria de subvenciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Este programa de Viviendas Municipales, que cuenta con un presupuesto de inicio de 21.428 euros, proporcionará al Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) recursos alojativos para familias con dificultades y tiene como fin el acompañamiento social de personas en riesgo de exclusión para facilitar su acceso a viviendas estables. El paquete inicial está compuesto por 5 viviendas, que se ampliarán en los próximos meses a medida que se vaya logrando la captación de viviendas de propietarios particulares del mercado libre de alquiler. Las solicitudes podrán realizarse en el área de Viviendas Municipales y todas ellas serán valoradas, de forma conjunta, por los técnicos de la referida empresa pública y del IMAS.
Los propietarios de las viviendas que se hallan en el mercado libre de alquiler dispondrán de todas las garantías, entre las que figura, incluso, la existencia de un fondo para posibles impagos de las rentas de los inquilinos beneficiarios.
Ángela Mena indica que este recurso tratará de “fomentar y promover programas de vivienda y alojamiento de carácter social, de forma específica para colectivos con problemas de acceso a la vivienda. Para ello también se gestionará paralelamente un programa de alojamiento, dirigido a colectivos en riesgo de exclusión social, mediante diversos dispositivos residenciales. Aunque es un convenio de difícil acceso, hemos tenido la suerte de contar con la colaboración de Provivienda para acceder a él y poner a disposición nuevas viviendas con alquileres sociales”.
El proyecto servirá como herramienta de integración social de aquellas familias usuarias de los Servicios Sociales del término municipal de Santa Cruz. Alicia Álvarez indicó que este acuerdo “está en el marco de otras líneas de intervención y es objeto de una encomienda de gestión a Viviendas Municipales para localizar viviendas a los usuarios de los Servicios Sociales municipales que tengan esta necesidad”.
Entre otras garantías, Provivienda ofrecerá un aval, formalizado por escrito, que implica la intermediación de este organismo en el pago de las rentas. El propietario tendrá una garantía de un año en el cobro de sus rentas, así como un seguro multirriesgo. Para dinamizar la captación, también se ofrecerá a los propietarios la cobertura del coste del certificado de eficiencia energética.
En el caso de que las personas alojadas sufran alguna dificultad sobrevenida (pérdida de empleo, gastos extras o recibos de suministros, entre otras), el programa, en su condición de intermediario entre el inquilino y el propietario, puede adelantar el pago del alquiler y realizar planes de pago para su devolución, ajustados a la capacidad económica que tengan y al objeto de prevenir que se produzcan impagos difíciles de remontar.
El programa pretende consolidar el alojamiento de las familias a través del acompañamiento social y la mediación. Para ello se han previsto este tipo de procesos durante el tiempo que el equipo profesional estime necesario, hasta conseguir el objetivo de autonomía y estabilidad residencial, lo que garantiza a los propietarios tanto el cobro de sus rentas como la seguridad de su inmueble.