El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, ha instado este viernes al Gobierno regional a que compense a los municipios tras el "fraude" del padrón que se ha producido en Santa Cruz de Tenerife.

Así se ha mostrado Cardona después de que la Fiscalía provincial haya archivado dicho caso por el tiempo transcurrido, ya que los hechos del mencionado "fraude" se remontan a 1996 y años posteriores. Sin embargo, para el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria tras la decisión judicial, ahora debe ser el Ejecutivo autonómico quien se pronuncie y para ello, indicó, se dirigirá al mismo solicitando una compensación.

En concreto, el primer edil de Las Palmas de Gran Canaria matizó que se dirigirá en los próximos días al Gobierno autonómico y también tiene previsto llevarlo a acuerdo plenario para que "la corporación en pleno se dirija al Gobierno canario".

Cardona que ha reconocido, en declaraciones a los medios, que la valoración de estos hechos son "siempre desagradables porque es sobre los que un fiscal dice que hay indicios delictivos y que no puede perseguirlo sencillamente por el tiempo transcurrido", ha subrayado que dicho pronunciamiento implica también que "se han producido, el fraude se ha producido".

"En consecuencia creo que tengo todo el derecho y toda la legitimidad, por mucho que se moleste el alcalde de Santa Cruz de Tenerife --José Manuel Bermúdez-- de defender los intereses y los derechos de los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria que durante los últimos 15 años se han visto perjudicados como consecuencia de que Santa Cruz de Tenerife ha estado detrayendo, ha estado recibiendo un dinero que no le correspondía por el número de ciudadanos que tenían. Esta es una realidad objetiva, que nadie ha desmentido", apuntilló.

SIN 5 MILLONES

Cardona apuntó que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha cuantificado el dinero que ha dejado de percibir y lo fijó en "5 millones de euros, que no son cuatro perras" y, añadió, que si "hubiesen sido cuatro perras, que lo son para otros municipios más pequeños", no se puede "vivir en una comunidad autónoma donde se producen este tipo de situaciones".

Asimismo, puntualizó que es el Gobierno de Canarias quien tiene que "velar porque el reparto público del dinero público que gestiona y administra se haga de manera justa y equitativa", de ahí que incidió en solicitarle una "actitud vigilante y una actitud claramente decidida para restablecer y compensar "a Las Palmas de Gran Canaria y al resto de municipios en las cuantías que han percibido de menos "y deben ser compensada".

"Espero del Gobierno una respuesta que nos permita que los próximos años recibamos la compensación necesaria como consecuencia de una acción claramente fraudulenta. Los censos del año 96 no han sido anulados y en la medida en que no hay un acto que se pueda considerar ilegal no puedo hacer la reclamación correspondiente. Debe ser el Gobierno de Canarias, desde un punto de vista política, y hace falta voluntad política, porque es un hecho objetivo que el fraude se ha realizado, compense al resto de los municipios que hemos dejado de percibir", reiteró.

Por último, se refirió al alcalde de Santa Cruz de Tenerife del que dijo que "lejos de pedir disculpas, como mínimo, todavía se ofende y lo que dice es que se le está atentando a su dignidad", sobre lo que Cardona afirmó comprenderlo en cuanto a que "él no tenga responsabilidad en la comisión de ese fraude pero debe entender" que la responsabilidad y la obligación, en su caso como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, es de "denunciar y exigir una compensación porque los hechos son suficientemente graves".