Los socialistas tinerfeños informaron este viernes en un comunicado que el Comité Insular del PSC-PSOE, celebrado el día 1 de febrero en Santa Cruz de Tenerife, aprobó por unanimidad una propuesta de resolución presentada por María Medina, de la Agrupación Local de Tegueste, por medio de la cual se insta a la dirección del partido a trasladar al Cabildo de Tenerife y al Parlamento de Canarias “para que en el marco de sus competencias se realicen las acciones necesarias para instar al Gobierno de Canarias al establecimiento de un “suelo social”, y que se articulen medidas tendentes a garantizar que no haya cortes de suministro de luz y agua en hogares afectados por la pobreza”.

Esta situación crítica para miles de hogares viene dada, según los socialistas, por la situación de crisis extrema en la que se halla sumida la sociedad. Muchos hogares no pueden hacer frente al pago de los suministros básico del hogar, tales como electricidad, gas, agua, etc.

El Comité Económico y Social Europeo ha señalado que la pobreza energética es una nueva prioridad social, que necesita el apoyo a todos los niveles y propone que se tenga en cuenta a la hora de elaborar cualquier política energética, ya que la energía es un bien común esencial, debido a su papel indispensable en todas las actividades cotidianas, que permite a cada ciudadano tener una vida digna, mientras que carecer de ella provoca dramas.

Con la finalidad de evitar situaciones lamentables, los socialistas instan a “los órganos insulares y su vez regionales competentes del PSOE a que tome las iniciativas políticas pertinentes para la aplicación efectiva en Canarias de las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE, del mercado interior de la electricidad y gas, incorporando el combate contra la pobreza energética como prioridad de la política energética en Canarias”, y trasladar esa intención al Cabildo y Parlamento para que estos órganos, a su vez lo hagan al Gobierno de Canarias.

Los socialistas solicitan que en el marco de sus competencias, realicen las acciones necesarias para la regulación de un precio social en los suministros básicos de electricidad, aguas y gas tramificando la tarifa para garantizar el consumo mínimo necesario de las familias, en función del número de miembros, de la estación del año y de las rentas familiares, protegiendo de la pobreza energética a los consumidores más vulnerables, que no tienen que ser necesariamente parados.