El Comité Único del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) acudirá a la vía judicial demandando el cumplimiento de las cuatro sentencias que el Cabildo no ha ejecutado hasta ahora y que benefician a los trabajadores del organismo autónomo.
El presidente del mismo, José Luis Gutiérrez, se centra en tres, especialmente. Una de ellas es la que anula varios acuerdos del Pleno de la Corporación insular aprobando una relación de puestos de trabajo (RPT) del IASS que considera absolutamente ilegal. “En vez de acatar la sentencia del Alto Tribunal, en sus propios términos, como dispone el artículo 103 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y proceder de inmediato a anular dichos acuerdos, desde el área de Hacienda y Presidencia se proponen a esta parte negociaciones tramposas para ejecutar dicha sentencia, al margen del órgano judicial que la dictó, a fin de eludir su estricto cumplimiento”.
Otro de los asuntos incumplidos, según el Comité Único, es el resultado del acto de conciliación previo a un juicio de Conflicto Colectivo en los Juzgados de lo Social, donde las partes firmaron un acta de transacción con la representación de los trabajadores y los responsables del IASS a fin evitar el conflicto sobre las bajas laborales de los trabajadores del Instituto. Cabe aclarar que tal acta de conciliación “tiene valor de sentencia firme”. Sin embargo, Gutiérrrez incide en que, “nuevamente, desde Recursos Humanos de la corporación no paran de poner obstáculos a su aplicación, que se mantiene suspendida”.
José Luis Gutiérrez informó de que el Cabildo tampoco aplica en el organismo autónomo “la sentencia firme del Juzgado de lo Social que obliga al IASS a dotar de ropa de trabajo a los trabajadores que atienden a los menores”, por lo que el personal debe seguir comprándola por su cuenta”.
La impresión que transmite el Comité Único es que, “aunque el IASS ha sido cedido al PSOE en la distribución de las áreas de gobierno, Coalición Canaria (CC) quiere seguir manejando el organismo a su antojo, creando conflictos sin necesidad y provocando a la parte social para que estallen los conflictos”. En esa línea, apunta directamente al consejero de Hacienda, Víctor Pérez, responsabilizándolo de que “está cerrando la financiación de los centros de mayores, menores y discapacitados, dando prioridad a otras áreas”, así como a la directora de Recursos Humanos, Rosa Baena, de quien dijo que “boicotea sin cesar las negociaciones con los representantes de los trabajadores del instituto”.
Como consecuencia de ello, “y por su nefasta gestión económica y pésima política de personal, pedimos la inmediata dimisión de Víctor Pérez Borrego y de Rosa Baena Espinosa”.