La diputada autonómica Milagros Bethencourt (PP) reveló ayer en comisión parlamentaria que el Gobierno de Canarias dejará “desamparados al 85% de los propietarios de las viviendas afectadas por la riada del mes de febrero de 2010 en Tenerife, que afectó especialmente al núcleo de Tabaiba Baja (El Rosario). “Tan solo 90 de los 601 solicitantes percibieron ayuda, lo que evidencia el grave problema de liquidez y la desidia del Gobierno regional”, subrayó en una nota.
Bethencourt considera “especialmente grave” que la consejera de Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, “haya demostrado que no solo incumple, sino, además, desconoce el contenido de sus propios decretos, pues argumentó que las 500 solicitudes se denegaron por ser segundas viviendas, cuando el artículo 4.B del Decreto 12/2010 reconoce ayudas de hasta 12.000 euros por daños en vivienda no habitual”.
“Ignoramos en qué piensa el Ejecutivo cuando diseña estos decretos de ayuda que desprotegen a más de 500 canarios, una verdadera tomadura de pelo a personas en una situación desesperada que han perdido parte de sus pertenencias en una catástrofe natural y que, tres años después no han percibido ni un euro”.
La diputada recuerda que el Ejecutivo regional debe aún 567.000 euros a las 321 familias canarias a las que concedió una ayuda de emergencia por la riada y que llevan tres años esperando. “La consejera no dio explicaciones, y encima nos llamó cansinos por reclamar el cumplimiento de sus obligaciones”, lamentó.
Bethencourt subraya que, en la actualidad, “permanecen vivos cinco decretos regionales con ayudas por siniestros acaecidos en las Islas, dos de ellos desde 2009, con más de 500 expedientes aprobados e impagados. Algunos de ellos con casi 5 años de antigüedad, no pueden quedarse eternamente sin abonar, causando un perjuicio irreparable a personas con nombres y apellidos”.
Bethencourt considera “especialmente grave” que la consejera de Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, “haya demostrado que no solo incumple, sino, además, desconoce el contenido de sus propios decretos, pues argumentó que las 500 solicitudes se denegaron por ser segundas viviendas, cuando el artículo 4.B del Decreto 12/2010 reconoce ayudas de hasta 12.000 euros por daños en vivienda no habitual”.
“Ignoramos en qué piensa el Ejecutivo cuando diseña estos decretos de ayuda que desprotegen a más de 500 canarios, una verdadera tomadura de pelo a personas en una situación desesperada que han perdido parte de sus pertenencias en una catástrofe natural y que, tres años después no han percibido ni un euro”.
La diputada recuerda que el Ejecutivo regional debe aún 567.000 euros a las 321 familias canarias a las que concedió una ayuda de emergencia por la riada y que llevan tres años esperando. “La consejera no dio explicaciones, y encima nos llamó cansinos por reclamar el cumplimiento de sus obligaciones”, lamentó.
Bethencourt subraya que, en la actualidad, “permanecen vivos cinco decretos regionales con ayudas por siniestros acaecidos en las Islas, dos de ellos desde 2009, con más de 500 expedientes aprobados e impagados. Algunos de ellos con casi 5 años de antigüedad, no pueden quedarse eternamente sin abonar, causando un perjuicio irreparable a personas con nombres y apellidos”.