El gobierno insular (CC-PSOE) asegura que la Ley de Desahucios aprobada ayer en el Congreso "da la espalda a los ciudadanos porque no resuelve el problema de los desalojos". El vicepresidente cuarto y consejero responsable de Vivienda de la Corporación insular, el socialista José Antonio Valbuena, señala que, con su decisión, "el PP ha tirado a la basura los 1,4 millones de firmas que apoyaba la iniciativa legislativa popular".
Para Valbuena, la nueva ley “no ofrece una solución al problema de los desahucios y acaba con la esperanza que depositaron millones de ciudadanos en la iniciativa sobre dación en pago”. Según recalca, el objetivo de la ley "debe ser lograr que el derecho a la vivienda deje de ser un simple bien de consumo y se convierta en un verdadero bien social. Si no es así, se condena a parte de la población a la exclusión y marginación social y económica”.
El consejero recuerda que, "en su momento, el Cabildo propuso una serie de medidas encaminadas a flexibilizar los procesos de desahucios sobre viviendas habituales. Para ello, y ante la actual coyuntura económica, se solicitó que la normativa se ajustara a la situación de los ciudadanos y que se modificara el actual marco normativo que regula el mercado hipotecario. La finalidad es evitar que se repitan episodios como los vividos hasta el momento", subraya.
Valbuena indica que el acceso a la vivienda, "al ser un derecho fundamental de las personas, debe inspirar una socialización del marco normativo que lo regule. La Ley hipotecaria y su reglamento de desarrollo son un claro ejemplo de un marco legal que, actualmente, no contempla una socialización de la misma, como se está poniendo de manifesto en los dramáticos casos de desahucios por los que centenares de miles de personas han sufrido en carne propia los efectos de dichos textos".
Hace unos días, el gobierno insular también valoró la medida aprobada por la Junta de Andalucía de expropiar temporalmente, y en lo relativo al uso, viviendas a los bancos para evitar desahucios de familias que estén en riesgo de exclusión social. Valbuena considera que esta medida “debe ser un modelo a seguir por el resto de comunidades autónomas y supone un gran avance en el concepto social que tiene que tener la vivienda y que debemos proteger y fomentar desde las distintas administraciones”.
En este sentido, remarca que el Cabildo se ofrece al Gobierno de Canarias “para que cuente con nuestro apoyo a la hora de adoptar medidas similares a la andaluza, con la que se logre alcanzar dichos fines o incluso se puedan mejorar”.