Las líneas generales del documento sobre el que trabaja Fernando Clavijo, alcalde de La Laguna y secretario insular de Coalición Canaria (CC), junto a Manuel Domínguez, regidor de Los Realejos y presidente insular del Partido Popular (PP), y Manuel Fumero, alcalde de Vilaflor y secretario insular del PSOE se sintetizan en cinco puntos: la simplificación administrativa; el reparto del Régimen Económico y Fiscal (REF); la financiación autonómica; el acceso a la vivienda y la definición de un modelo económico para Canarias.

En este sentido, los ediles, volcados por vocación y convencimiento con la gestión municipal por su cercanía al vecino, han ido recogiendo el sentido de las demandas populares y, poco a poco, han diseñado las iniciativas que consideran más apropiadas y prioritarias para abordar una coyuntura crítica.

Así, el primer eje pone el acento en el diseño de un marco administrativo, dirigido al ciudadano emprendedor, que esté basado en la confianza y, fundamentalmente, en la simplificación de los trámites para la puesta en marcha de iniciativas empresariales. En este capítulo se contempla la integración de servicios al emprendedor, motivando e impulsando ideas, en el convencimiento de que es necesario crear un semillero de personas que hagan de la Isla un ecosistema creativo para la economía basada en el conocimiento.

El segundo es el que se refiere al reparto de los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF), una pelea antigua que mantienen cabildos y ayuntamientos frente a la voracidad del Gobierno autonómico, y que exige una revisión.

De igual manera, el tercero de los puntos, la financiación autonómica, requiere a juicio de los alcaldes un nuevo tratamiento por parte del Gobierno central, que, sostienen, no está aplicando criterios objetivos en cuanto a las ayudas destinadas a Canarias.

El cuarto eje se orienta hacia el apoyo a medidas de protección del derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna, planteando para ello asistencia, alternativas y mejoras legislativas en cuanto a los procedimientos de ejecución hipotecaria. En este sentido se proponen actuaciones tales como la de impulsar un compromiso social para la búsqueda de soluciones al fracaso evidente que está representando la vigente ley hipotecaria.

Por último, el quinto de los puntos aborda la definición de un modelo económico específico para las realidades y singularidades de Canarias. Así, resulta imprescindible conjugar las actividades propias del sector primario con las nuevas posibilidades que se abren para la construcción, en cuanto a mantenimiento, mejora y rehabilitación, y, básicamente, el turismo, potenciando las infraestructuras de transporte y la conectividad con el exterior.