Seis de los siete presidentes insulares -el de Fuerteventura se ausentó- alertaron ayer de que el Gobierno de Canarias se arroga competencias insulares y municipales en la redacción actual del proyecto de ley de Renovación y Modernización Turística, una norma que, sin embargo, consideran vital para el Archipiélago y de la que confían que se apruebe con el máximo consenso posible.
La advertencia se produjo en el debate de la citada norma en la Comisión General de Cabildos del Parlamento canario, en la que el consejero regional de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, negó que se trate de una ley "intervencionista". Con todo, el Ejecutivo ha recibido más de 130 alegaciones a una norma que llegará a la Cámara legislativa en pocas semanas.
El más crítico con el texto que elabora el Ejecutivo fue el presidente del Cabildo grancanario, José Miguel Bravo de Laguna (PP), quien reconoció que se trata de una norma muy importante, pero da "excesivos" poderes al Gobierno. "Da un sablazo a las competencias insulares y municipales", aseguró.
A su juicio, el texto, en sus términos actuales, vulnera los principios liberalizadores, a la vez que consideró "absurdo" mantener una moratoria permanente para que sólo se construyan hoteles de cinco estrellas o gran lujo.
En esta línea, Ricardo Melchior (CC), presidente del Cabildo de Tenerife, dijo estar "mayoritariamente de acuerdo" con su homólogo de Gran Canaria, e insistió en que no se puede "quitar" competencias a los cabildos.
También pidió "valentía" para hacer una ley sencilla y abogó por que fuera una norma "única" para toda Canarias.
Mientras, el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas (PSOE), lamentó que en el proyecto no se hable de propuestas para promover la actividad turística en esa Isla y, al igual que sus compañeros, pidió que se "supervisen" los establecimientos alegales e ilegales.
Por su parte, Casimiro Curbelo (PSOE), presidente del Cabildo de La Gomera, remarcó que el Gobierno regional tiene una tentación intervencionista "permanente". Comentó que la ley se centra en las grandes infraestructuras de cuatro y cinco estrellas, que no hay en La Gomera, El Hierro y La Palma, y se preguntó qué va a pasar con los establecimientos pequeños. Pidió "rigor", pero también simplificación en los procedimientos administrativos.
Pedro San Ginés (CC), presidente del Cabildo de Lanzarote, consideró que el proyecto de ley no es más intervencionista que la legislación actual, pero reclamó también más participación de las corporaciones insulares en los planes de modernización.
La presidenta del Cabildo de La Palma, Guadalupe González Taño (CC), recordó que en Canarias existen dos modelos turísticos diferenciados, uno que abarca las islas que en su momento se consideró que habían llegado a un crecimiento turístico excesivo, y otro, en el que se incluye La Palma, que se ha basado en un equilibrio entre el sector agrario y el turístico. "Para estas debe agilizarse y primarse para que se pueda producir el desarrollo adecuado del sector turístico", argumentó.
Por el contrario, el consejero Domingo Berriel exigió que no se confundan los principios de la legislación con la ideología, y añadió que el liberalismo mal entendido ha llevado a la especulación con el suelo. Defendió que el nuevo texto nace con un espíritu "simplificador", y consideró que no "complicará" el marco jurídico actual. "Las leyes no son para siempre jamás", subrayó.
En este punto, Miguel Jorge, del PP, criticó que con este proyecto de ley se pretende ser "intervencionista" y se opuso a que se mantenga una moratoria turística "indefinida". A pesar de las críticas, dijo que buscarán "consenso", pero avisó de que "si hay renuncias tendrá que ser de todos".
En coincidencia con Jorge, el diputado del grupo mixto Román Rodríguez, de Nueva Canarias, también mostró sus dudas sobre la estructura competencial, pero se mostró partidario de "regularizar". Dijo también que se ha perdido una oportunidad para "unificar".
Al respecto, Pedro Martín, del grupo socialista, destacó la necesidad de que cabildos y ayuntamientos tengan más relevancia en el proyecto de ley, pues, a su entender, en la actual redacción los consistorios quedan "desdibujados".
Además, abogó por derogar los planes territoriales "para evitar colisiones", y consideró que la ley sería "más eficaz" si se acercara a la realidad de cada isla.
Por su parte, el diputado del grupo nacionalista José Miguel González apuntó que la ley es "necesaria para avanzar", al tiempo que negó que se pretenda quitar competencias a las corporaciones locales.
José M. Bravo de Laguna
presidente del cabildo de Gran canaria
Casimiro Curbelo
presidente del Cabildo de La Gomera
Ricardo Melchior
presidente del cabildo de TEnerife