El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz, que dirige Cristina Tavío, criticó ayer con tanta dureza la gestión en la empresa municipal de Viviendas que, incluso, pidió al gobierno que la liquide o la transforme por completo para que tenga funciones y resultados prácticos frente al balance actual. La propia Tavío, junto a ediles como Alexis Oliva o Ana Zurita, desvelaron que, a 31 de diciembre de 2011, esta compañía disponía en diversas cuentas bancarias de un total de 3,5 millones de euros inmovilizados cuando, al mismo tiempo, "se afrontaba ya el despido de nueve trabajadores, las deudas se acumulaban en su balance, los proyectos de reposición y rehabilitación se ralentizaban y crecía el número de vecinos inscritos en el registro de demandantes de casas sociales".

Oliva fue mucho más allá y aseguró que, en realidad, la sociedad es "un montaje, un artificio contable que no tiene nada que ver con su fin de crear viviendas, que retrae fondos muy importantes de otras áreas, que cuesta mucho dinero, que no sirve para nada y que deja unas deudas inasumibles".

Zurita, por su parte y ligándolo a lo sucedido con el PGO, recordó que la reposición de viviendas como las de La Candelaria están pendientes desde 2005 sin que hayan comenzado los trabajos.

Los 3,5 millones quedan registrados en el balance de sumas y saldos de la empresa de 2011. El grupo del PP volverán a exigir en el pleno de hoy las cuentas actualizadas de la sociedad, "que ya quedaron sobre la mesa en la anterior sesión, y que la concejal responsable, Ángela Mena, sigue sin facilitar a la oposición". Para Oliva, "resulta "imprescindible tener acceso a toda la información contable para conocer la verdadera situación de la sociedad, aunque los datos conocidos hasta ahora de 2011 son muy preocupantes".

Ese dinero se divide de la siguiente forma: una imposición a plazo fijo en CajaCanarias por importe de 2,4 millones, otra en Banca March de 620.000 euros, saldos en cuentas corrientes por valor de 545.264 euros, y 100.000 "en participaciones bancarias preferentes, activos estos últimos presuntamente tóxicos de los que no hay más información.

Tavío, además, se mostró muy crítica y preocupada por el PGO y la resolución de la Cotmac.