Francisco Bautista, responsable de UGT y representante de los 200 trabajadores de la empresa Mararía, que dejará de prestar la ayuda a domicilio en Santa Cruz el próximo 1 de agosto, anunció ayer a EL DÍA que los abogados del sindicato y del comité de empresa presentarán la próxima semana una denuncia contra el ayuntamiento por entender que ha desatendido la ayuda a domicilio por no asumir a los empleados de dicha compañía, que cierra por sus elevadas deudas. Para la central se ha producido un evidente despido improcedente, visión que no comparte el equipo gobernante.
El representante sindical asegura que el gobierno local "nos ha mentido durante todo este tiempo al indicar que las competencias en este ámbito son regionales, cuando el artículo 26 de la ley 7/1985 y, sobre todo, el decreto autonómico 5/1999 dejan muy claro que la ayuda a domicilio es un servicio municipal".
Bautista subraya que irán a por todas contra el consistorio por entender que debía subrogar y asumir a los trabajadores desde el próximo día 1.
Por su parte, el gobierno de Santa Cruz confía en que, a mediados de agosto, el ayuntamiento haya cubierto, a través de 8 empresas, el 100% de la demanda de ayuda a domicilio tras la renuncia de la empresa a seguir prestando este servicio. En ausencia del edil del departamento social, José Manuel Arocha, el concejal encargado de esta faceta en estos momentos, José Ángel Martín, se muestra convencido de que, en las dos primeras semanas de agosto, se irán incorporando todos los actuales vecinos que se acogen a estos apoyos claves para su quehacer diario.
1.170 beneficiarios
Desde el próximo 1 de agosto, unos 500 usuarios con mayores necesidades mantendrán este servicio mediante una de las ocho empresas que suelen trabajar con el Gobierno autónomo, a elegir por ellos. En los siguientes días, y según Martín, se irán incorporando el resto hasta completar las 1.170 beneficiarios de estas ayudas.
Lo que sí da por zanjado el concejal es que el ayuntamiento no va a asumir a los 200 trabajadores de Mararía porque entiende que sí debe hacerse cargo del servicio y buscar soluciones, pero no de la situación de una compañía privada, opinión que contrasta claramente con la Bautista, quien está convencido de que los juzgados les darán la razón y quien censura al PSOE por "incumplir su propia ley de dependencia".