El gobierno de Santa Cruz ha abierto una nueva investigación interna para obtener toda la información posible sobre lo ocurrido con la reforma del IES de Ofra (García Cabrera), que ha sido denunciada por el Ministerio Fiscal y que ha hecho que el Tribunal Supremo se declare competente para investigar al exalcalde Miguel Zerolo por un supuesto delito de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación.
Este análisis interno de ahora, anunciado el jueves por el primer teniente de alcalde, Julio Pérez, se une a la primera comisión de investigación municipal de la democracia, que se produjo en el mandato de 2003 a 2007 precisamente sobre este asunto. Esa comisión se cerró en falso, pero la vía judicial ha reavivado a niveles casi imprevistos una polémica que, según la exedil que comenzó a denunciar los hechos, la actual miembro de Por Tenerife Odalys Padrón, era un "caso clarísimo de prevaricación" por unas obras que costaron al final unos 5,4 millones y que se saltaron "todos los procedimientos legales establecidos".
A preguntas del edil José Manuel Corrales (Por Tenerife), Julio Pérez indicó en la última comisión de control que los primeros "sorprendidos e impresionados" por lo ocurrido con estas obras para habilitar las nuevas oficinas municipales en Ofra y el auto del Supremo han sido los miembros del actual gobierno. Recalcó que no disponen de más información que lo publicado en prensa y que, por eso, han reclamado de los servicios municipales que pudieran haber intervenido en los hechos o que cuenten con datos que aporten información "actualizada de todo lo que conste en los expedientes y archivos locales y sea relevante para aportar la mejor información posible sobre el asunto".
Asimismo, el líder local del PSOE indicó que, de forma inmediata, pidieron un pronunciamiento a los servicios jurídicos municipales para ver qué podía hacer el consistorio desde el punto de vista judicial, respondiéndoles que, "dado el estado actual del proceso y a falta de mayor información", la corporación no puede hacer nada de momento.
Eso sí, Pérez dejó claro que les han encargado a los abogados locales que estén prevenidos y atentos para hacer lo que proceda en el instante en que "sea conveniente y posible".
Ante esta respuesta, José Manuel Corrales advirtió de que, en caso de que no actúe el gobierno local, lo hará su formación ante un asunto que, según recordó, incluye hasta cuatro reparos de la Intervención municipal contra la adjudicación de los trabajos a la empresa que se ocupaba de la reforma de los centros docentes (Imes), algo que no contemplaba ese contrato. Pese a esto, Corrales censuró que Zerolo "levantara esos reparos" y pidió al gobierno actual que, "si ha solicitado informes internos, que no aparezcan dos divergentes y contradictorios, como ya ocurrió en su momento en este preciso caso". A su juicio, y por diversas cuestiones, como el Plan General de Ordenación, el actual gobierno no difiere en nada al del exalcalde.
Pérez le replicó que están haciendo cosas muy diferentes respecto a mandatos anteriores y le reprochó a Corrales que insinuase que el gobierno actual presiona a técnicos para que realicen determinados informes en cierta línea. "Jamás he presionado a un funcionario. En este caso, actuaremos judicialmente tan pronto como sea posible", recalcó.