Un largo y tenso consejo rector de Urbanismo aprobó ayer la revisión del Plan General de Santa Cruz sin que la noticia sirva precisamente para calmar los ánimos y pacificar o, por lo menos, suavizar esta sempiterna polémica, a tenor de la reacción de la oposición y la Plataforma en contra. El gobierno local se quedó solo al defender sus tesis sobre que su hoja de ruta es la única viable: aprobar parcialmente el documento y plantearle a la Cotmac que suspenda ciertos ámbitos y las parcelas más discutidas para solventar el fuera de ordenación y otras operaciones.

El PP optó por abstenerse (2 votos) al entender que no solo faltan informes, sino que existe demasiada debilidad técnica y jurídica, mientras que el grupo mixto (SSP, Por Tenerife y Ciudadanos, con un voto) dejaron claro su rechazo rotundo ante lo que entienden como "fraude", por lo que impugnarán la convocatoria ante la justicia y hasta pedirán, en el caso de José Manuel Corrales, la suspensión cautelar del pleno del próximo viernes, en el que se prevé aprobar el plan y el catálogo de los edificios fuera de ordenación, respaldado ayer por 7 votos a favor y uno en contra.

El plan propondrá que queden en suspenso los ámbitos del fuera de ordenación, la ZAL, Montaña y Parque Fumero, Cuevas Blancas y Las Huertas. Además, y aunque "mal justificado", según el PP, se incluyen también tres áreas de El Pilar, Las Teresitas, Finca Fumero, Costa Cardón e Ifara con el fin de que la Cotmac informe sobre su legalidad, "algo que ya hizo en 2011", según Ana Zurita.

En una nota, el Gobierno resaltó que se suspenderán "todas las áreas que planteaban algún conflicto". El alcalde, José Manuel Bermúdez, indicó que se trata de "un paso más para la aprobación definitiva" y que han ido superando "todos los obstáculos" en busca del "mejor documento posible con la ley en la mano, por lo que esto es una buena noticia. La ciudad ha de disponer de seguridad jurídica para asegurar la creación de empleo".

"No es el de Zerolo"

El primer teniente de alcalde, Julio Pérez, indicó que "ni podemos aprobarlo como está, como quieren unos, ni hacer uno nuevo, como desean otros. Este camino es el que mejor solucionará el fuera de ordenación y solventará otros aspectos problemáticos, pues ni es el plan de Zerolo ni volvemos al punto de partida".

Zurita coincidió con el resto de fuerzas opositoras en sus críticas a que, "como reconoció el gobierno, faltan informes, por lo que han convocado otro consejo para este lunes para incorporarlos". A su juicio, lo ocurrido es "un insulto a la inteligencia. Solo habrá mayor inseguridad jurídica, algo que no necesita la ciudad. El expediente está muy mal montado. Lo que se llevará a pleno para resolver el fuera de ordenación, por ejemplo, está mal preparado, por lo que, o se completa bien el plan, o nos volveremos a abstener".

Zurita exige "informes técnicos que avalen los cambios respecto a la moción de febrero" y advierte de que no se arriesgarán a apoyar un plan con el que puedan cometer ilegalidades, "que incluso podrían justificar la caducidad, y que podrían originar más pleitos".

Pedro Arcila (SSP) anunció que impugnará ante los tribunales la aprobación del PGO, "algo que los ciudadanos nos agradecerán". El edil alerta del "alarmante nivel de improvisación" de gobierno, "que ofreció argumentaciones muy endebles ante ciertos aspectos planteados por la oposición, como la evidente caducidad o el procedimiento para la suspensión de ámbitos". A su juicio, falta sustento político y técnico para seguir.

"Disparate horroroso"

Corrales fue mucho más duro. Califica lo ocurrido de "chapucería y disparate horroroso, con un documento sin informes jurídicos sobre la suspensión o la subsanación de los 45 reparos de la Cotmac que retrasó todo. Un expediente incompleto reconocido por el gobierno, que está desbordado".

El edil de Por Tenerife anunció una rueda de prensa este lunes del grupo mixto sobre una moción institucional "que puede tumbar al gobierno". Además, indicó que "una cuarta parte de la militancia del PSOE, con miembros como Pedro A. Meneses, Raúl Alonso o Néstor Padrón, solicitará el cese o dimisión de Pérez por la aparición de su despacho en un centenar de documentos del sumario de Las Teresitas". Sobre esto, cree que Pérez mintió en la comisión de control, "algo gravísimo, pues se ha desmostrado que el testaferro de Las Teresitas no era Zerolo, sino él". Pérez, por su parte, insistió ayer a EL DÍA en que desconocía esto y que aún no sabe nada nuevo.

Guillermo Guigou (Ciudadanos) se mostró perplejo y criticó que le dieran el CD "en medio del consejo. No hay razón para llevar el plan así a pleno. Es un verdadero sinsentido, con cambios tan graves como que ya no se habla de 2015 para comenzar el desmantelamiento de la refinería. Esto solo creará conflictividad e inseguridad jurídica. No le veo recorrido".