El PP de Santa Cruz no quiere seguir esperando por el gobierno local y el PGO. Ante la última e intensa semana, en la que se ha vuelto a solicitar (y acordar con el consejero de Política Territorial) un nuevo plazo de tres meses para aprobar parcialmente el documento mientras se aclaran los cambios detectados e imprevistos, la portavoz, líder de los conservadores y diputada regional, Cristina Tavío, presentó a primera hora de ayer un escrito dirigido a la Cotmac en el que pide que se apruebe de oficio el PGO o se decrete su caducidad para comenzar cuanto antes un nuevo periodo de aprobación, "algo mejor que dilatar aún más este engorroso proceso".

Tavío insiste en que dan este paso ante la "incapacidad, incompetencia e ineptitud reiteradamente demostrada por el gobierno". Además, recalcó que, a juicio de su partido, ese nuevo plazo de tres meses es ilegal, pues no lo contempla el artículo 46 del Real Decreto 55/2006, si bien hay otra normativa muy anterior, a la que se agarran los técnicos locales y regionales, que abre la opción de otorgar la mitad del último plazo dado (en este caso, tres meses).

No obstante, Tavío cree que lo más importante es desatascar la situación y, por eso, confía en que, en su próxima reunión del 2 de julio, la Cotmac apruebe de oficio el PGO o, si así lo entiende, certifique su caducidad. Respecto a esto último, y frente a la supuesta contradicción que parecería esta propuesta, ya que el PP ha sostenido hasta ahora que no hay caducidad, la líder popular indicó que no existe ninguna contradicción y que solo están asumiendo que es la Cotmac la que puede decretar esa condición de texto ya caduco.

Para los populares, dicha comisión cierra en 2008 la fase local y abre la aprobación definitiva, por lo que no cabe la caducidad, lo que choca con la opinión del catedrático Ramón Tomás Fernández, la Plataforma en Contra, el resto de partidos de la oposición y hasta el propio edil de Política Territorial, José Ángel Martín, que así se ha pronunciado ante el alcalde.

El contraste, Las Palmas

Tavío cree que lo urgente es disponer de un nuevo PGO para que, por ejemplo, "aquí no se otorguen solo 10 licencias de obra mayor por edificación en un año, mientras que, en Las Palmas, la cifra llega a las 275, con el empleo que eso significa para muchas profesiones: fontaneros, arquitectos...".

La portavoz también resaltó la importancia de solucionar el fuera de ordenación, pero volvió a criticar que no se haya modificado en el Parlamento regional el artículo 34 de la Ley del Territorio, "sin que esto signifique la liberalización de todo, sino, simplemente, que se reconozca la ciudad real y los derechos de las viviendas realizadas o compradas conforme a la ley". Sobre esto, lamenta que se haya intentado confundir y afirma que, "según los datos locales apuntados en algunas reuniones, el número de afectados son 10.000". Esta cifra choca con los 57.000 que aparecen en el catálogo elaborado por la Gerencia en este año y los 80.000 calculados otras veces. De todos modos, Tavío remarcó que, de ser más, solo quedaría probada la necesidad de resolver el problema y aprobar el PGO cuanto antes. En su opinión, las soluciones del gobierno para esto "son posibles, pero requieren de un trabajo de chinos que puede llevar años".

Según reiteró, no hay un caso igual de un PGO en España con este deambular y censura, asimismo, que CC y PSC se hayan opuesto a que todo el mes de julio sea hábil en la Cotmac para abordar la situación de Santa Cruz.