El concejal de Por Tenerife en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Corrales, pidió ayer al gobierno local que aclare "quiénes son los delincuentes, en palabras textuales del edil José Ángel Martín, responsable de Política Territorial, que han alterado el PGO". Para Corrales, el gobierno no solo ha de hacer público lo ocurrido con la manipulación del documento y sus culpables, sino denunciarlos en la vía judicial pertinente, ya que, de lo contrario, se convertiría en su cómplice. Corrales espera que "todo esto no sea una estrategia para que la Cotmac apruebe el plan por la puerta de atrás, perdiendo el ayuntamiento toda su capacidad de intervenir en su competencia por excelencia, como es la aprobación del PGO". Por eso, confía en que el equipo gobernante actúe "contundentemente contra esos actores de los cambios no fundamentados del PGO". Según recalca, "los únicos que han podido realizar esas modificaciones sustanciales en el plan general son los redactores de la revisión del documento o los responsables políticos de la Gerencia de Urbanismo". Para su formación, "resulta increíble que, en unos documentos elaborados durante un año y entregados en abril de 2012, no se detectasen esos cambios por parte del consistorio hasta junio de este año, lo que evidencia la negligente comunicación entre redactores y la Gerencia o que todo obedece a una cortina de humo de búsqueda de cabezas de turco". Corrales asegura que, "en solo cinco días de estudio del documento que nos entregó el gobierno municipal, he detectado, al menos, 123 cambios que se han introducido en el documento del 16 del pasado mes de abril respecto al aprobado el 28 de marzo de 1011". "A la Fiscalía" Ante estas evidencias, exige al gobierno municipal que se dirija "ya a la Fiscalía con todas las pruebas que tenga de esa supuesta falsificación del PGO". En su opinión, "resulta curioso que el informe de los técnicos de la Gerencia denunciando esa alteración esté fechado el mismo día (12 de junio de 2012) que Por Tenerife y la Plataforma en Contra denunciaron presiones a los técnicos municipales para cambiar los informes desfavorables y que fueron negadas por el gobierno local". A su juicio, ha habido "mucha incompetencia y una clara actitud de complicidad del gobierno a la hora de beneficiar a los que siempre han salido favorecidos por un PGO caducado, injusto e ilegal".
