En torno a cuatro horas estuvieron reunidos ayer representantes de la compañía pública Titsa y el comité de empresa como primer paso en la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) parcial que presentó la sociedad de transporte del Cabildo el pasado día 10. El encuentro concluyó "sin avances", según manifestó Virgilio Gómez, portavoz del sindicato mayoritario, Intersindical Canaria.

El dato más significativo que conocieron los trabajadores ayer es que Titsa está decidida a rebajar 4,8 millones de euros del coste en personal, que, amparándose en una auditoría y planteándolo como una exigencia del gobierno insular, supone el 67% del coste de la plantilla. Esta cuantía es muy superior a la planteada hasta ahora en los encuentros previos a la presentación del ERE, donde se hablaba de dos millones de euros.

Esta medida afecta a toda la plantilla, que supera los 1.600 trabajadores y de los que 258 se corresponden con el servicio urbano, donde, de aplicarse el ERE extintivo, se procedería al despido de 35 empleados, mientras que de los casi 1.400 con que cuenta el servicio interurbano perderían su puesto 82. Entre ambos sectores suman los 117 despidos que Titsa proyecta de no alcanzarse un acuerdo entre las partes antes del próximo día 26.

UGT convoca para mañana una asamblea para la plantilla del transporte urbano en la que espera conocer la opinión acerca de la petición de unificar los convenios en ambos sectores de la empresa, lo que afectaría económicamente a este grupo. Pero se da la circunstancia de que esa unificación es una condición puesta por Titsa para aplicar el ERE parcial y no el extintivo.

Evitar despidos

Lo que sí quedó claro es que ambas partes quieren evitar la pérdida de puestos de trabajo, pero eso supondría un coste adicional para los trabajadores en forma de 15 días de desempleo para cada uno al año y una paga extraordinaria menos de las cuatro que tienen ahora, entre otras cuestiones. Esa merma en el poder adquisitivo es otra cuestión que el comité de empresa quiere negociar.

Por otra parte, el comité de empresa recibió ayer parte de la información en la que se basa la empresa para proceder a este plan de ajuste, si bien necesita complementarla para su estudio por parte de los técnicos.

Los 7,2 millones de euros que se contemplan en el estudio del Plan de Reestructuración del Sector Público Instrumental dependiente de la corporación como déficit para Titsa durante este año elevó las pretensiones de los gestores en lo que a recortes económicos se refiere. De los 2.238.000 euros previstos para el ejercicio como resultado negativo en el plan de saneamiento se han visto obligados a "conjugar" cinco millones más.

"No compartimos que el Cabildo sea arte y parte", decía el portavoz de IC, Virgilio Gómez, quien consideró que la situación es consecuencia "del interés del gobierno insular de ir cargando más cosas cada vez a cargo de Titsa cuando nosotros entendemos que muchas de esas cuestiones no son atribuibles a la empresa". Todo ello en el marco de "un acto de ingeniería contable a la que ya nos tienen acostumbrados y que nosotros queremos clarificar".

La coyuntura actual en la que vive la compañía se deriva, esencialmente, de los 42 millones de euros que debe la administración propietaria a la empresa así como de los 6.029.698 euros de deuda vencida que tiene el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y 1.360.176 euros que también adeuda La Laguna.