El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife cuenta con un plazo de seis meses, que expirará "el 23 de junio de 2012", para subsanar "las determinaciones contenidas en el dictamen de la ponencia del 3 de junio de 2011", después de que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) acordara suspender el 23 de diciembre de 2011 la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz de Tenerife.

Esta fue la respuesta de Domingo Berriel, consejero de Obras Públicas y Política Territorial del Gobierno de Canarias, a la pregunta planteada por la diputada del Partido Popular, Cristina Tavío, sobre la fecha de finalización del plazo concedido al consistorio capitalino para la aprobación del PGO de la ciudad, en el pleno del Parlamento celebrado en la jornada de ayer. Tavío preguntó además a Berriel si en esta fase del proceso se admitiría introducir modificaciones sustanciales. El consejero de Obras Públicas respondió que "el ayuntamiento podría incluir otras modificaciones, incluso sustanciales, pero solo tras la suficiente motivación técnica del interés general que debe sustentarlo y por los cauces del procedimiento establecido y no por un mero cambio de opinión política sustentado en el cambio de corporación municipal", tal y como dispone el Tribunal Supremo cuando se devuelve un instrumento de planeamiento urbanístico para que se introduzcan los cambios ordenados en la fase de aprobación definitiva, explicó

No obstante, aclaró el también consejero de Política Territorial, "si se cambia algo, además de los procedimientos de información pública, hay que tener en cuenta que la nueva ley 9/2006 exige hacer una nueva evaluación ambiental si se ve afectado por los cambios sustanciales", especificó.

En su turno de palabra, la diputada popular manifestó que desde el grupo "no entendemos por qué tiene paralizado un documento que es vital para la economía y para la generación de empleo". También se preguntó quién va a querer invertir "en una ciudad que está en el limbo jurídico".

Por su parte Berriel, que coincidió en la necesidad de agilizar "los trámites" con Tavío, también manifestó que es una "competencia municipal en la que el Gobierno debe ser muy cauto a la hora de intervenir". El tiempo estipulado es "un plazo máximo que espero que no agote", señaló.