A más de 16 millones de euros asciende la suma de la deuda que tienen contraída el Cabildo y los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna a la empresa públicas Transportes Interurbanos de Tenerife S.A. (Titsa). Esta situación preocupa en el gobierno insular, y entre los gestores de la compañía especialmente, si bien éstos entienden que el dinero adeudado por la Corporación insular (en torno a 2,5 millones de euros) es la única deuda cuyo cobro tienen garantizado.
Es el caso del Consistorio santacrucero el que más dificultades tiene para resolverse, ya que la deuda está cifrada en torno a los 12 millones de euros. Las fuentes sindicales consultadas muestra su esperanza en que se pueda "alcanzar un acuerdo pronto", pero son conscientes de lo complejo "de una situación que se está prolongando" y que no quieren que se enquiste".
Las autoridades municipales y las insulares han celebrado varias reuniones para negociar el pago de esa deuda a Titsa, teniendo en cuenta que la compañía sigue prestando el servicio manteniendo las rutas establecidas. Pero esa situación no se puede sostener, por lo que Titsa está elaborando un estudio para proceder a la reordenación de las rutas que actualmente cubre en el servicio urbano de transporte público en guagua.
De hecho, el contrato programa que permite la prestación de este servicio expiró el pasado 31 de diciembre, estando prorrogado hasta abril con el propósito de ajustar el dinero disponible a la definición de rutas, frecuencias y personal necesario para atender la demanda.
Más dinero
Titsa contará con un presupuesto de 99 millones de euros en este año 2012, lo que supone un incremento del 3,9% respecto al ejercicio anterior. Este dinero sitúa las cuentas de la compañía en un nivel similar al ejercicio presupuestario de 2002. Ante la coyuntura económica del momento y el hecho de que la compañía incumple el principio de estabilidad presupuestaria, toda vez que tiene un desequilibrio de 9.804.024,69 euros, los gestores han anunciado públicamente la puesta en marcha de un plan que contempla despidos y/o una reducción de los salarios de la plantilla.
De hecho, los representantes de los trabajadores ya han expuesto su discrepancia con el planteamiento, que afectaría a más de medio centenar de empleados.