El gobierno de Santa Cruz (CC-PSC) respondió ayer a las manifestaciones a EL DÍA de la concejal del PP Ana Zurita, especialista en cuestiones urbanísticas, y negó que hayan perdido siete meses por no aprobar el Plan general porque, según sus argumentos, siguen centrados en la "difícil" tarea de elaborar el catálogo del "fuera de ordenación", ya que no se aprobará el documento sin resolver esta cuestión.
Aunque el edil de Urbanismo, José Ángel Martín (PSC), ratificó y ahondó en esta línea de respuesta en declaraciones previas a este periódico, el gobierno municipal prefirió luego reforzar esta posición con un pronunciamiento oficial en el que, entre otras cosas, recalcan que el pacto firmado entre ambas formaciones se comprometió a "reformular" el "fuera de ordenación" porque afecta a unos 80.000 vecinos.
"Para hacer eso -explican fuentes del equipo gobernante-, se ha de conocer el problema a fondo y, por ese motivo, nos hemos centrado en la elaboración del catálogo de edificios fuera de ordenación". El concejal, a su vez, indicó que no se puede aprobar el PGO sin resolver esta cuestión, "ya que no se podría arreglar luego", al afectar a múltiples áreas, sobre todo de la zona céntrica y cercanías. Para el gobierno, lo que han conseguido hasta ahora es "pacificar" las polémicas sobre el PGO.
Más críticas
A la réplica del gobierno a Zurita se sumó también ayer el portavoz de la Plataforma en Contra del PGO local, Felipe Campos, quien se mostró muy crítico con la edil, a la que invita a dejar la política y dedicarse "a los intereses del lobby empresarial de la ciudad". En manifestaciones a EL DÍA, el abogado asegura no entender el "empeño de Zurita por quedar en ridículo, sobre todo cuando ya se lo hemos demostrado en reuniones particulares, sin que haya podido probar que tiene razón sobre el artículo 34 y el fuera de ordenación. El PGO es un pufo ilegal y lo sabe".
Campos invita a Zurita a acudir a un debate previsto para el próximo miércoles en la sede de la Sindical para volver a analizar el PGO, los cambios y el "fuera de ordenación". En su opinión, su empeño en que se apruebe tal y como está solo demuestra "que actúa al servicio de ciertos empresarios. No puede dar ningún motivo o interés general para que se apruebe así". De hecho, Campos no cree que al gobierno no le dé tiempo de aprobarlo en el primer trimestre.