Una de las piezas separadas que forman parte del caso de Las Teresitas, cuyo secreto sumarial fue levantado el pasado jueves, se centra en las investigaciones policiales llevadas a cabo para dilucidar la consecución de los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación cometidos por el exalcalde de Santa Cruz Miguel Zerolo en su participación en la compra, por parte del consistorio, de once parcelas del frente de playa a Inversiones Las Teresitas (empresa creada al efecto por los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia).

Los informes realizados por la sección de Blanqueo de Capitales de la Policía Judicial y por la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife alertan de que, tras analizar las cuatro cuentas bancarias del imputado, abiertas en La Caixa, Barclays, CajaCanarias y Banco Santander, "se desprende que él mismo y su familia han tenido que disponer durante el período de estudio (entre 1998 y 2006) de otros recursos monetarios para financiar los gastos cotidianos".

Las conclusiones expuestas, año por año, coinciden en acreditar que durante muchos meses al año no utiliza ninguna de sus tarjetas de crédito ni para obtener dinero en efectivo, ni para efectuar gastos en productos de primera necesidad, "quedando acreditado que la unidad familiar del imputado ha tenido que disponer de otros recursos monetarios" de procedencia desconocida.

Esta circunstancia se da durante siete meses de 1998 (año en el que CajaCanarias concede el crédito de 33 millones de euros a Inversiones Las Teresitas para la compra del frente de playa), tres meses de 1999, siete de 2000, seis de 2001, ocho de 2002, diez de 2003, nueve de 2004, siete de 2005 y nueve de 2006.

Además, los informes policiales exponen que, dependiendo del año del que se trate, la concentración del gasto en hoteles, viajes y restaurantes llega hasta el 69% de los gastos totales acreditados por movimientos bancarios, "reafirmando la hipótesis de un nivel de vida elevado". Como ejemplos caben citar los años 2001, con un gasto de 1.009.875 pesetas en restaurantes o 533.430 pesetas en viajes; 2003 en el que llama la atención el gasto de 3.000 euros realizados en una joyería; o 2004, año en el que otra vez se repite el elevado consumo en restaurantes (5.125,06 euros) y ocio (1.642 euros).

Por otro lado, la Policía Judicial acredita, en su investigación patrimonial, que "los vehículos del imputado y de su familia fueron financiados, en parte, mediante ingresos en efectivo, cuyo correspondiente reintegro en las cuentas bancarias no se ha identificado". El informe determina la compra de hasta seis vehículos (un Skoda Octavia que cambió por otro vehículo de la misma marca, un Volkswagen Beetle, un Audi S3, un Jeep Grand Cherokee y un ciclomotor Piaggio).

También en la documentación hallada en el registro efectuado en un piso de la calle Villalba Hervás aparecen una serie de documentos que evidencian que desde la empresa Vultesa (perteneciente a la familia de Ignacio González) se le regaló, en 2000, al exregidor capitalino un joyero de plata valorado en 45.250 pesetas; una jarrón de 49.500 pesetas, en 2001; dos candelabros en 2002 de 185 euros, y dos lámparas en 2004, por valor de 409 euros.

Por último, la investigación hace referencia a la realización de diversos viajes a Senegal, Ghana, Cuba, Sudáfrica, Islas Mauricio, Argentina o Nueva York, sin que tampoco quede acreditado que sacase dinero de sus cuentas bancarias para pagar los gastos asociados a ellos.

Otras claves

La presencia del testigo protegido

La Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife ha contado, desde casi el principio del caso, con un testigo protegido cuyas aportaciones permitieron constatar determinadas supuestas actuaciones ilícitas, tales como "ennegrecimiento de dinero, mediante el cual se podrían haber generado unas importantes partidas de dinero B en efectivo". Entre sus muchas aportaciones, aparecen cantidades importantes de dinero de las que son beneficiarios políticos, empresarios y periodistas.

Cuatro millones en cuatro años

"El análisis global de las cuentas de Rodolfo Núñez y su comparación con los datos facilitados por la AEAT (Agencia Tributaria) acredita que, durante el periodo comprendido entre 1998 y junio de 2002, desde el entorno del imputado Antonio Plasencia se ha transferido la cantidad de 3.974.916,6 euros a Ilsamar Tenerife y Binter Canarias a cuentas del entorno de Rodolfo Núñez, sin que dichos traspasos se puedan justificar". Este párrafo forma parte de un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal y la Brigada Provincial de la Policía Judicial.

Todo fue un plan preconcebido

La Brigada de Blanqueo de Capitales también lo puso claro en su informe del 29 de marzo de este año: "La consecución de los hechos que han motivado el caso Las Teresitas no ha obedecido a una sucesión fortuita de acontecimientos, sino al desarrollo de un plan preconcebido, en el cual se produjeron modificaciones por causas sobrevenidas, y cuya culminación y éxito solo ha sido posible gracias a la actuación concertada y coordinada de todas las personas participantes".

De hipótesis y de suposiciones

La Fiscal Anticorrupción, María Farnés Martínez, emitió un informe de 56 páginas el 21 de noviembre en el que, entre otras cosas, llega a señalar que "se entiende que estamos en presencia de datos o circunstancias" que "no permiten otra cosa que la suposición o la mera sospecha de algo como hipótesis, útiles para orientar las investigaciones y la búsqueda de pruebas, pero que no son aptas para convertirse en elementos de prueba de carácter indiciario, como tampoco son suficientes como para destruir la presunción de inocencia de los imputados".