El presidente del Grupo Popular en el Cabildo de Tenerife, Antonio Alarcó, reprueba que la auditoría del sector público empresarial participado por la Corporación insular haya sido contratada a una empresa externa.

Tras el anuncio del presidente en funciones de la institución, Carlos Alonso, de que la Administración insular reorganizará sus entidades públicas, Alarcó considera que el funcionariado del Cabildo está capacitado para realizar este estudio de las referidas entidades públicas.

La medida, que busca servir de base para analizar la situación del parque de empresas y actuar en consecuencia, es, según indica el también senador, uno de los grandes objetivos del programa electoral de su formación, "incluido cuando estaba en el gobierno", por lo que manifiesta que para él es motivo de alegría que se tome esa cuestión "como algo prioritario".

Además, Alarcó agrega que la institución cabildicia "necesita seguir liderando procesos estratégicos", y añade que "no importa" si la búsqueda de ese objetivo genera al principio dificultades, porque "es importante" que la Corporación insular "los lidere". Eso sí, "no debe competir de forma desleal", matiza.

Por su parte, el portavoz insular de la coalición Por Tenerife, Ramón Trujillo, también se expresa en la misma línea, aunque con un tono algo más crítico. "Nosotros pensamos que los funcionarios y los empleados públicos tienen los requisitos de formación, calidad y cualificación necesarios", asevera el líder en la Isla de esta formación de nuevo cuño, quien añade que "tienen, sobre todo, un requisito del que carecen las empresas subcontratadas: la neutralidad desde la defensa del intéres público".

Plantea Trujillo que los informes se encargan "a la carta y, según a quien se le pidan y en función de la decisión política que esté en el horizonte, es muy probable que el estudio cargue las tintas en unos temas y las descargue en otros".

En cuanto a los 62.475 euros que costará el análisis, Ramón Trujillo afirma que le parece una cifra "que no debería existir", precisamente porque considera que el Cabildo "tiene personal cualificado para hacer esos trabajos".

"Realmente es escandaloso que la administración recurra de manera reiterada a subcontratar informes técnicos fuera de ella", abunda.

Asimismo, Trujillo explica que hay que acabar con "los supersalarios privilegiados que tienen los máximos responsables" de las citadas entidades, que son "incluso superiores a los de los responsables del Gobierno autonómico".

Así las cosas, el portavoz insular de Por Tenerife afirma que la ineficiencia de estas empresas se debe "a la mala gestión de quienes ahora las quieren rehacer".

Otra cuestión que le preocupa a la formación de izquierdas -escindida del PSOE- es que "se está utilizando, en cierta medida, la crisis y la escasez presupuestaria derivada para darle un mazazo a todo lo público".

Ramón Trujillo considera que se está expandiendo la idea de que lo no privado es "excesivo". "Ese planteamiento a nosotros nos parece, por un lado, peligroso, porque tiende a reducir la oferta de empleo de calidad y, por otro, falso, puesto que tenemos una cantidad de empleo público por población en edad de trabajo muy inferior a la media de los países de nuestro entorno", apostilla.