La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ordena reabrir el caso de los supuestos malos tratos a alumnos del centro ocupacional Naranjos de Luz, en Tacoronte. El nuevo auto judicial estima el recurso de apelación interpuesto por Teresa Queipo, una de las madres afectadas, y la asociación de familiares de alumnos del centro contra el sobreseimiento de las diligencias previas dictado por el Juzgado de Instrucción Número Dos de La Laguna. El Ministerio Fiscal también se sumó a este recurso.
Este pronunciamiento judicial obliga al juzgado lagunero a continuar con la tramitación de la causa abierta por la denuncia y los testimonios de varias familias y ex trabajadores que sostienen que el director y una educadora maltrataban a algunos de los alumnos discapacitados intelectuales de este centro de titularidad municipal, que cuenta con financiación del Cabildo insular de Tenerife.
Discutida reincorporación
Tras el sobreseimiento de las diligencias previas, en mayo de 2010, el Ayuntamiento de Tacoronte decidió reincorporar a sus puestos a los dos trabajadores denunciados, lo que motivó varias protestas por parte de las familias denunciantes, que se han manifestado frente al consistorio y el Cabildo de Tenerife. Estas familias no han vuelto a enviar a sus hijos al Centro Naranjos de Luz desde que comenzó el curso, el pasado mes de octubre del año 2010.
Estas familias mostraban hace meses su malestar por la decisión judicial de archivar inicialmente la denuncia, "en un auto donde no se hace mención a que ocho educadores y ex educadores denunciaron con sus testimonios estos supuestos malos tratos".
La directiva de la Asociación de Familiares de los Alumnos del Centro Ocupacional Naranjos de Luz (Afanluz) se ha movilizado en los últimos meses con pancartas con mensajes como "no es la discapacidad la que hace difícil la vida, sino la incomprensión y la insensibilidad de los demás", "No a los malos tratos" o "En defensa de los discapacitados de Naranjos de Luz".
En los últimos cinco meses, alrededor de una veintena de los 33 usuarios no han acudido al centro, que ha perdido a casi el 60% de sus alumnos por esta polémica, según sostienen las familias afectadas.
Las familias denunciantes siempre han defendido que ambos trabajadores no deberían haberse reincorporado al centro porque la denuncia solo había sido desestimada en un auto judicial provisional que además estaba recurrido.
El Ayuntamiento tacorontero ha justificado en reiteradas ocasiones la reincorporación de los dos trabajadores por el cierre inicial del caso. El consistorio sí los mantuvo apartados de sus cargos durante un año, mientras se desarrollaban las diligencias judiciales previas.
Para las familias, el Ayuntamiento tacorontero ha dado prioridad a los dos trabajadores denunciados "frente a más de veinte personas con discapacidad que se han quedado sin atención durante más de cinco meses".
Interpretación inadecuada
La Audiencia Provincial señala en su auto de estimación del recurso de apelación que "la juez instructora, tanto en el auto de 3 de mayo como en el de 12 de noviembre de 2010, de sobreseimiento y desestimación del recurso de reforma, realiza una clara labor interpretativa, cual es que existen versiones contradictorias, siendo esta función propia del órgano enjuiciador y no del instructor".
El auto subraya que "en salvaguarda del derecho a la tutela judicial efectiva, debe revocarse el auto de sobreseimiento permitiendo a las partes que realicen su escrito de acusación".
El centro ocupacional Naranjos de Luz, situado en el número uno de la calle Vereda del Medio, tiene como objetivo principal insertar social y laboralmente a personas con discapacidad intelectual.
Cronología abierta
Agosto de 2009: la Asociación de Familiares de Alumnos del Centro Naranjos de Luz denuncia públicamente la existencia de supuestos malos tratos contra alumnos del taller. Aseguraron que desde hacía un año algunos usuarios discapacitados intelectuales soportaban "gritos, insultos, vejaciones, patadas, puñetazos, cabezazos, cachetadas, agresiones psíquicas, destrozos de sus trabajos, encierros en un cuarto oscuro o privación de comida". Octubre de 2009: el Ayuntamiento de Tacoronte inicia el curso en el centro, pero aparta cautelarmente a los dos trabajadores denunciados mientras se practican las diligencias judiciales. Los alumnos acuden con normalidad a sus clases. Mayo de 2010: El Juzgado Número Dos de La Laguna acuerda el sobreseimiento de las diligencias previas del caso. Octubre de 2010: el Ayuntamiento de Tacoronte decide iniciar el curso con los denunciados reincorporados a sus puestos. Una veintena de las 33 familias del centro se niegan a llevar a sus hijos porque "tienen miedo". Comienzan las manifestaciones, pero no logran apartar a los denunciados de sus puestos. Noviembre de 2010: el mismo juzgado lagunero desestima el recurso de reforma contra el auto de sobreseimiento. Febrero de 2011: la Audiencia Provincial estima el recurso de apelación de las familias denunciantes y ordena reabrir las diligencias de investigación de los supuestos malos tratos.