Las nueve familias que residen actualmente en siete casas de Cho Vito han visto ampliado el plazo para desalojar las viviendas hasta el próximo 30 de noviembre, por lo que tienen dos meses y 10 días más para retirar sus enseres. Esa decisión la adoptaron representantes del Gobierno central, Ejecutivo regional y Cabildo insular durante una reunión que celebraron ayer en Madrid.
Este periodo se otorga "con el fin de arbitrar las medidas pertinentes para resolver el problema social de la vivienda de los afectados", según el comunicado consensuado por las administraciones. Con quienes deben desalojar sus casas se trabajará al objeto de que dispongan de un alojamiento alternativo, según se ha hecho público en reiteradas ocasiones.
Esta medida satisface a medias a los vecinos, seis de los cuales permanecen en huelga de hambre desde el pasado día uno en la plaza de La Candelaria, de Santa Cruz de Tenerife. Su portavoz, Tomás González, indicó que "tenemos más de dos meses para seguir luchando y planteando una serie de cuestiones que nos permitan defender nuestras viviendas".
Otra de las cosas positivas que se desprenden del acuerdo es que "queda claro que en este asunto hay que hablar y que ya no es cuestión de que el responsable de la Demarcación de Costas y el alcalde de Candelaria decidan que hay que tirar".
Esta reunión contó con la presencia de la directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Alicia Paz; el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno canario, Domingo Berriel; el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior; el subdelegado del Gobierno en Tenerife, José Antonio Batista, y la consejera insular de Planificación, Pino León. Destaca la ausencia del alcalde de Candelaria, José Gumersindo García, quien, cumpliendo lo que había anunciado no asistió porque no quería hacerlo condicionado por la huelga de hambre de los vecinos.
En cualquier caso, este colectivo vecinal presentó ayer en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo la petición de paralización cautelar del derribo de las viviendas, que inicialmente debían desalojar antes del próximo día 20. Asimismo, Tomás González se personó en el Juzgado de Güímar para tramitar otra denuncia por presunta prevaricación como consecuencia de la paralización de la demolición de dos casas ocurrida el 8 de octubre de 2008, a raíz de llamadas telefónicas realizadas por el alcalde, y "porque hay tres notificaciones para los próximos derribos que no cuentan con autorización judicial para entrar en esas viviendas".
Más colaboración
Otra decisión adoptada en dicho encuentro fue promover "la máxima coordinación y cooperación" entre las administraciones ante las futuras intervenciones en las costas de la Isla. Eso sí, siempre respetando la "aplicación de las previsiones del marco jurídico vigente" y "garantizando el uso público y rescate, en su caso, del dominio público marítimo terrestre y la adecuada protección de su naturaleza".
Gobierno central, Ejecutivo regional y Cabildo de Tenerife se prestarán ayuda para aplicar la Ley de Costas teniendo en cuenta que "sea compatible con la protección de todos los intereses generales concurrentes, como son la conservación de los valores patrimoniales, culturales y sociales" de los lugares en los que se intervenga y que se correspondan con el periodo anterior a la entrada en vigor de la Ley de Costas.