Aunque quizás demasiado tarde, el Partido Popular ha hecho suyo el refrán de que en boca cerrada no entran moscas y ayer optó por guardar silencio. Ningún dirigente regional, insular o local quiso valorar las últimas informaciones publicadas por este periódico sobre el denominado "caso facturas" y que ponen en entredicho el comportamiento de la presidenta insular del PP, Cristina Tavío, quien, entre 2003 y 2007, justificó más de 8.000 euros de gastos de grupo popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz utilizando facturas de dos empresas de la propia familia, según consta en un informe de la Intervención del año 2007.

Tan solo el concejal Alfonso Soriano, crítico con las últimas decisiones adoptadas por los responsables insulares del PP, atribuyó las constantes complicaciones que han surgido a raíz de estas informaciones "a las desafortunadas declaraciones de Cristina Tavío y del secretario regional, Manuel Fernández, en su intento de defenderla".

Soriano espera que todo este asunto "se resuelva en los tribunales", como consecuencia de la denuncia que ha presentado en la Fiscalía Anticorrupción el colectivo de abogados Justicia y Sociedad.

El veterano concejal señaló que ante un caso de estas características, y por las repercusiones que ha tenido, si él hubiera sido dirigente del PP, "lo primero que habría hecho es promover una investigación interna para determinar qué ha sucedido con las cuentas y las facturas".

Las manifestaciones realizadas por Fernández y Tavío, una vez que el informe de Intervención se hizo público, en las que aseguraron que el PP destinaba el dinero del grupo a financiar al propio partido, o que en el mandato de 1999 a 2003 simplemente se asignaba al pago de sobresueldos a los concejales, provocaron airadas reacciones, como las del diputado regional Miguel Cabrera Pérez-Camacho, quien la semana pasada pidió la dimisión de ambos mandatarios.

Pérez-Camacho, que incluso llegó a formular la devolución del dinero de ese periodo, prefirió ayer guardar silencio ante el nuevo capítulo de las facturas de los grupos municipales, en un intento, indicó, "de no seguir haciendo daño al partido", algo de lo que lo han acusado desde la cúpula regional.

Tampoco el secretario regional, Manuel Fernández, quiso analizar ayer los nuevos datos sobre el "caso Facturas", ni las declaraciones del diputado Pérez-Camacho pidiendo su dimisión y la de Tavío por este asunto. Sólo se limitó a advertir de que "las cosas se hablan dentro del partido", y que las responsabilidades de quien actúa fuera de ese marco "son de quien lo hace así".

Fernández no se pronunció ante la posible apertura de un expediente disciplinario o expulsión del partido del diputado regional o del concejal Ángel Llanos, destituido recientemente como responsable de Recursos Humanos de Santa Cruz por la pérdida de confianza de sus compañeros, pues, según dijo, este tipo de decisiones "es algo que no se anuncia".

Eso sí, puntualizó que el partido se "tendrá que reunir y analizar lo ocurrido para ver la conveniencia" de adoptar, si así lo estima conveniente, alguna medida.