El Tribunal Supremo (TS) se ha ratificado, según sentencia del 9 de febrero pasado, en su fallo que anuló el contrato de compraventa del frente de la playa de Las Teresitas, suscrito por el Ayuntamiento de Santa Cruz e Inversiones Las Teresitas (ILT).

Así, según la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección quinta, que ayer se dio a conocer, reconoce que un auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se excedió al fijar el término de ejecución de la sentencia, además de desestimar la apreciación del ayuntamiento de que no se pudiera ejecutar la sentencia, aunque permite la vía civil para que se determinen las consecuencias. En noviembre de 2007, el TSJC declaró la inejecución de la sentencia por la cual se anulaba este contrato, "cuyo auto expresaba que no era posible porque se había visto alterada la situación jurídica, por lo que se determinaba que el ayuntamiento se quedaba con la propiedad de las once parcelas del frente de playa, y que se procedía a elaborar un informe pericial para valorar su precio, que incluiría la diferencia de lo que tendría que devolver ILT, más los intereses", según explicó ayer el letrado José Pérez Ventura.

El representante de la asociación de Justicia y Sociedad entiende que el TS "corrige al TSJC, porque la sentencia era ejecutable", y añadió que, con su ejecución, "la propiedad de las 11 parcelas vuelve a ILT y la Junta de Compensación" y que el dinero que en su momento se pagó "se tendrá que devolver con sus intereses legales", cifra que superará los 52 millones de euros.

No edificables.- El frente de playa, "al no ser edificable, el ayuntamiento puede comprar o expropiar esas parcelas, pagando lo que corresponde, o cambiar el planeamiento para establecer allí diversos equipamientos", dijo Pérez Ventura, que añadió que esta sentencia "va a interferir en la ejecución del proyecto de Perrault y las acciones programadas, porque esas parcelas son de ILT, con lo que se concluye la chapuza que se ha hecho en Las Teresitas". Así, señaló que "el pelotazo en este caso se entiende porque se pagó tres veces más de su valor, y se compensan los aprovechamientos urbanísticos para impedir que se construya en el frente de playa".

Parámetro de la devolución.- Por su parte, el letrado Felipe Campos dijo que este fallo marca los parámetros de lo que tiene que devolver ILT al ayuntamiento, por lo que, "por fin, el ayuntamiento recibirá los más de 10.000 millones de las antiguas pesetas pagadas, que la corporación ha hecho todo lo posible para que no se devolvieran".

El silencio del PP.- El Grupo Municipal del PP acordó ayer no realizar ningún pronunciamiento público sobre el fallo, pues según su portavoz, Maribel Oñate, "no hemos recibido aún la documentación", motivo por el cual se limitó a decir que "no haremos ninguna valoración política, salvo que respetamos las decisiones judiciales".

Defensa del frente.- José Ángel Martín, portavoz del PSC en la corporación municipal, dijo que este fallo ratifica que la compraventa "no es anulable, sino nula, por lo que el ayuntamiento deberá devolver las parcelas y los empresarios, el dinero". Señaló que, a partir de este momento, "el ayuntamiento deberá defender que no se pueda edificar en el frente de playa y recuperar los cerca de 53 millones de euros".

Las cosas en su sitio.- El portavoz de Ciudadanos de Santa Cruz, Ángel Isidro Guimerá, manifestó que el fallo del Supremo aclara "la nulidad de la compraventa", por lo que indicó que, en términos jurídicos, "significa que no existe y, como tal, no cabe la nulabilidad, por lo que no se puede subsanar, como pretendía el TSJC, con una nueva valoración, por lo que se excedió en el fallo". Así, señaló que esta sentencia "pone las cosas en su sitio, porque se devuelven los terrenos y el dinero con sus intereses, y no como pretende ILT, con toda la volumetría y edificabilidad", lo que dijo "puede ser objeto de un pleito civil en el que reclamen daños y perjuicios".

Estudio del fallo que no llegó.- Por su parte, fuentes municipales alegaron ayer que la sentencia no ha sido notificada oficialmente al ayuntamiento, pero que de lo que ha trascendido "se desprende que se estima el auto de casación presentado por ILT". Así, añade en una escueta nota, los servicios jurídicos estudian tanto el contenido como las posibles consecuencias de la sentencia. El portavoz de CC, José Alberto Díaz-Estébanez, advirtió ayer, en una tertulia de Radio El Día, que las consecuencias de la ejecución de las sentencia están en que si hay que retrotraer la operación al año 1998, "los empresarios podrían exigir la volumetría de esa época, por los derechos adquiridos".