El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo aceptó la petición de la empresa Unelco-Endesa de suspender cautelarmente la sanción de 72 millones de euros que le impuso el gobierno local de Granadilla de Abona por haber iniciado las obras del segundo ciclo combinado en la central eléctrica ubicada en el Polígono Industrial del municipio. Esa medida debe completarse con la sentencia que corresponda al contencioso interpuesto por la compañía contra el importe de dicha sanción y de la propia licencia, que fue de 6 millones de euros que ya pagó Endesa y cobró el consistorio.

En el auto en que la autoridad judicial acepta la petición de la empresa eléctrica se exponen, entre otros argumentos para ello, que no se perciben las garantías suficientes de que el Ayuntamiento de Granadilla de Abona pueda devolver a la compañía los 72 millones de euros con que la sanciona en el caso de que la Corporación granadillera pierda definitivamente el contencioso.

Otro aspecto que tiene en cuenta su señoría es el de los criterios empleados por la administración municipal para determinar la cuantía de la sanción. En tal sentido, discrepa con que se argumente que para realizar tal cálculo el consistorio evaluó que la obra del ciclo combinado estaba ya al 45% de su realización.

El proyecto del segundo ciclo combinado de Unelco-Endesa en Granadilla de Abona asciende a 159.988.000 euros, incluyendo en el mismo todo el equipamiento técnico y mecánico de la central. Sin embargo, a la obra civil sólo se destinan 11.522.000 euros del importe total, debiendo ser esa la cifra de referencia para establecer el importe de la licencia, que estaría muy lejos de los 6 millones ya cobrados por el ayuntamiento.

Unelco-Endesa comenzó a tramitar dicho proyecto en agosto de 2004, solicitando la licencia municipal de obras y de apertura el 6 de julio de 2006. Teniendo en cuenta que el consistorio no le había comunicado aún ninguna resolución definitiva, la empresa pidió una licencia en noviembre de 2007 para el acondicionamiento del terreno. Un año después, el 20 de noviembre de 2008, el gobierno local incoa un expediente sancionador y de paralización de las obras, las cuales había comenzado la compañía por entender que estaba autorizada a ello por silencio administrativo, tal y como aparece en el recurso que presentó.

El 8 de diciembre de 2008 se materializa la paralización de los trabajos, afectando con ello a los 430 trabajadores que estaban realizando la obra, que sería reanudada una vez que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Granadilla de Abona le otorgó la licencia el 10 de julio de 2009.

Un mes antes intervino el Gobierno de Canarias adoptando las medidas urbanísticas necesarias para agilizar esta construcción teniendo en cuenta que "el sistema eléctrico de Tenerife se encuentra actualmente en una situación de riesgo de cobertura de la demanda", según la orden publicada en el BOC.

Endesa dispone de un primer ciclo combinado en la central eléctrica de Granadilla de Abona que está operativo desde el año 2006. Con la concesión de su licencia ocurrió algo similar, teniendo que recurrir la compañía a la vía judicial por discrepar con el importe total establecido por el ayuntamiento ganando el contencioso administrativo.