Las 3.000 mujeres que venían haciendo uso de las oficinas comarcales de atención a las mujeres víctimas de la violencia de género se han quedado sin poder hacer uso de este recurso de asesoramiento que el Cabildo de Tenerife comenzó a implantar en la Isla a partir del año 2000, inicialmente en Santa Úrsula y Adeje y a las que siguieron, en 2004, las oficinas en La Orotava y Candelaria hasta sumar las diez existentes en la actualidad.

La Corporación insular pretendía complementar, de esta forma, los servicios que se prestaban desde las áreas de asuntos sociales de los distintos ayuntamientos. Por ello, durante los diez años transcurridos estas oficinas comarcales se convirtieron en un referente debido a la atención integral que proporcionaba a mujeres víctimas de violencia de género, prestada por personal especializado.

Sin embargo, el cierre por reestructuración del servicio que anunció la Fundación Canaria para el Desarrollo Social (Fundescan), encargada de gestionar ocho de las diez oficinas, se convirtió en un cierre indefinido después de que la Fundación presentara un concurso de acreedores dada su situación de insolvencia y que había conllevado el impago de salarios a sus 160 trabajadoras.

Un golpe inesperado para el Cabildo, pese a que el IASS ya estaba enterado desde hacía un año de que la situación económica de Fundescan no era la más apropiada, y, sobre todo, un golpe para las usuarias (desde las 126 mujeres que hicieron uso en 2008 de la oficina de Los Silos hasta las 507 que buscaron asesoramiento en la oficina de Santa Cruz).

Pese a que la consejera insular Cristina Valido ha reconocido estar trabajando en la forma de reabrir estas dependencias y ha asegurado que está garantizada la atención de las usuarias en las casas de acogida, ya el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado al IASS la celebración de una reunión extraordinaria para conocer las causas que han motivado el cierre de las oficinas comarcales y la forma de resolver la situación.

Entretanto, las usuarias serán ahora doblemente víctimas: de la violencia machista y de la imprevisión administrativa.