Trabajadoras de las oficinas comarcales de asesoramiento especializado a las víctimas de violencia de género en Tenerife alertaron al Cabildo, el pasado mes de febrero, de que Fundescan no les había abonado la nómina del mes de enero de 2009, pero, ante las sorpresa de estas personas, el Instituto de Atención Social y Sociosanitario (IASS) trasladó a la Fundación Canaria para el Desarrollo Social los nombres de las trabajadoras que habían informado, que, recibieron por escrito una "amonestación", porque "la queja se trataba de una falta muy grave".

Como se puede observar en el documento al que ha tenido acceso este periódico, con registro de entrada en el IASS el 13 de febrero de 2009, el Cabildo tenía conocimiento de que algo no iba bien en el ámbito laboral de las oficinas especializadas en mujer.

Precisamente ayer, la consejera del grupo Socialista del Cabildo de Tenerife, Teresa Cruz Oval acusó a la corporación insular de poner en peligro "la vida, la integridad física y psicológica" de muchas mujeres de la isla con el cierre de los centros comarcales de atención a mujeres maltratadas.

Cruz Oval precisó que siete de los ocho centros cerraron sus puertas el 31 de diciembre, debido a la quiebra económica de Fundescan, que, según precisó a este rotativo el secretario general de la UGT en Canarias, Juan Francisco Fonte, tiene una deuda de ocho millones de euros.

En Tenerife los centros comarcales están en Los Silos, La Orotava, Santa Úrsula, La Laguna, Candelaria, San Miguel y Adeje, gestionados por Fundescan, al que se suma el de Santa Cruz, a cargo de la ONG Mujer, Solidaridad y Cooperación, que es el único que sigue funcionando.

La consejera socialista declaró que el Cabildo de Tenerife firmó en 2007 un contrato con Fundescan, cuando esta organización ya tenía deudas, por lo pidió que se aclare si la deuda también era con la Seguridad Social, pues recordó que las administraciones no pueden contratar servicios con empresas deudoras.

En su opinión, "es preocupante que el Cabildo tinerfeño responsabilice a Fundescan del cierre de los centros, pues recordó que se trata de servicios públicos que la corporación insular ha decidido que tengan una gestión indirecta.

En cuanto a la gestión, criticó que el Cabildo la haya hecho de forma indirecta, mientras que los otros seis cabildos la realizan de manera directa.

Algo que María Teresa Cruz consideró anómalo. Dijo que, por ejemplo, el Cabildo de Gran Canaria gestiona de forma directa los centros de atención a maltratadas y además establece convenios con los 21 ayuntamientos de la isla para este tipo de servicios.

María Teresa Cruz aseguró que nada justifica el cierre de los siete centros comarcales y pidió al grupo de gobierno del Cabildo de Tenerife que explique los motivos por los que no ha asumido la gestión hasta que se pueda sacar otro concurso y otra empresa asuma la gestión indirecta.

El grupo Socialista solicitará un pleno extraordinario, para que el grupo de gobierno explique los motivos por los que se ha producido el cierre.

Teresa Cruz adelantó que su grupo recurrirá judicialmente el presupuesto del Cabildo de Tenerife para este año.