Lejos queda ya el presupuesto del Cabildo de Tenerife de 2008 que ascendió a 906 millones de euros (el más alto de su historia). Desde entonces, la consabida crisis económica también se ha instalado en el Palacio insular y ha hecho mermar sus cuentas hasta los 748 millones planteados en el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2010. La razón principal deriva de la caída de la actividad económica que, a su vez, implica el descenso de los ingresos provenientes del Bloque de Financiación Canario y derivados del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias.

Siguiendo las pistas de la inestabilidad financiera nacional se descubre que la Corporación insular obtendrá en 2010 unos ingresos previstos de 411,4 millones de euros, una cantidad similar a los de hace siete años (en 2004 ingresó 413,2 millones) y muy lejos de los 577,1 millones que ingresó en época de bonanza.

En espera de que el desajuste económico toque fondo, algo que no sucederá según las previsiones del Cabildo antes del último trimestre de 2010, al Cabildo le toca apretarse el cinturón y, por ello, ha instaurado la austeridad en el gasto como una de las premisas que deberán ejecutar todas las áreas de gobierno.

De la distribución del presupuesto para 2010 se desprende la caída del 9,1% en el conjunto de las 17 áreas de gobierno, la merma del 3,2% del presupuesto asignado a las fundaciones y las empresas públicas en las que el Cabildo es propietario del 100% del capital social y, por contra, la subida del 4,6% de las cuentas de los organismos autónomos, sobre todo debido al incremento, con respecto a 2009, de la partida asignada al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS).

Pese a que la disminución de los ingresos del bloque del REF afecta a todas las administraciones públicas (Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos) proporcionalmente afecta más a los cabildos dado que supone el mayor porcentaje de sus ingresos. Así, los ayuntamientos disponen de otro tipo de ingresos mayoritarios (las tasas municipales), además de la ayuda que suponen los planes estatales para el fomento de la inversión y el empleo (las dos ediciones del conocido como Plan E). En cuanto al Gobierno de Canarias, no tiene el régimen de corporación local, por lo que posee la posibilidad de incrementar su endeudamiento para financiar inversiones.

Por ello, desde el Cabildo enfatizan que nunca se ha entendido suficientemente bien por parte de las otras administraciones las necesidades de los cabildos. Ni siquiera por parte del Ejecutivo regional al que la Corporación insular reclama que afine en las previsiones de ingresos, que el gasto correspondiente a la gestión de la recaudación sea menor y que el proceso de liquidez se realice con mayor rapidez.

Ser siete en el enjambre de administraciones públicas de España explica, en buena medida, las "injusticias" y "errores" que se cometen con los cabildos, a los que cuesta mucho que sus argumentos sean entendidos por la Administración General del Estado.

Por ello, el Cabildo no se explica por qué por segunda vez se comete el error de dejar fuera a los cabildos del segundo Plan E dado el marco competencial de unas actuaciones que se financian con unos fondos que, en realidad, pagan todos los españoles al ser sufragadas incurriendo en deuda pública que más tarde deberán devolver los ciudadanos vía impuestos. Asimismo, desde la Administración insular también se han quejado amargamente de que cueste tanto convencer al Gobierno de Canarias para que actualice la financiación de las competencias transferidas, entre ellas, algunas tan importantes como los servicios sociales o el mantenimiento de las carreteras.

Pese al contexto económico, el grado de ejecución del presupuesto es del 96% y el ahorro bruto previsto, pese a que cae de los 94,4 millones de 2009 a los 45,8, seguirá siendo positivo.

Por último, el Cabildo ensalza el valor de que de sus 6.418 trabajadores, sólo 23 sean miembros de la Corporación con dedicación exclusiva y altos cargos no electos, una proporción muy baja con respecto al número de empleados.