El pleno de ayer en el Ayuntamiento de Santa Cruz supuso una nueva escenificación del camino hacia la deriva institucional y el desgobierno que, pese al intento de mantener la normalidad por parte del equipo de gobierno, lleva el Consistorio capitalino desde que se rompiera el pacto de gobierno CC-PP a finales de julio. La oposición de populares y socialistas se plantó ante el argumento del alcalde Zerolo, refrendado por la lectura de la Ley de Grandes Ciudades, por parte del secretario, de cuestionar la ejecución del acuerdo plenario para rescindir el contrato de los dos locales alquilados en el Parque Bulevar desde 2004 y que supuso su segunda derrota consecutiva tras la del derribo del mamotreto de Las Teresitas en septiembre. Zerolo argumentó que las competencias para rescindir contratos las tiene la Junta de Gobierno Local y no el pleno.

La alusión del alcalde, luego matizada, desató "la caja de los truenos". El PSC se marchó del salón "por dignidad" tras pedir un receso y el PP, aunque se mantuvo, retiró sus mociones y pidió una suspensión que Zerolo no aceptó después de otro receso. Aunque Ciudadanos de Santa Cruz intentó mantener el pulso institucional entre manifestaciones de "vergüenza" de su portavoz, Guillermo Guigou, ahí terminó "de facto" el pleno de ayer, tras la marcha del grupo mayoritario de la oposición.

Sin embargo, todavía hubo tiempo para las dos mociones de Ciudadanos con un PP que las debatió y mantuvo sus preguntas de fiscalización.

Guigou, que lo agradeció a Zerolo porque la oposición, sin el PSC, ya no tenía mayoría, vio cómo se aprobaba su moción de incrementar el presupuesto de Asuntos Sociales al menos en un 15%, aunque Zerolo afirmó que "aumentará lo que sea necesario para cubrir las necesidades" y el edil del área, Ignacio González, aseguró que "estamos en ello y el borrador del presupuesto coincide más o menos con ese porcentaje".

La moción de Guimerá sobre la Refinería de Cepsa y la posibilidad de llevar a la empresa a la Fiscalía de Medio Ambiente, según los datos de los informes técnicos respecto a la contaminación, propició otro momento tenso. El PP la apoyó, pero antes Ángel Llanos, que había estado callado casi toda la sesión, dentro de una clara estrategia política de protagonismo para sus compañeros de bancada, disertó sobre lo beneficioso que ha sido contar con la Refinería en lo económico y valoró la importancia de otros informes "hechos por gente de aquí" en referencia a los de "los musgos" de la Universidad de Santiago de Compostela. Eso indignó a Guimerá, que apeló "a la salud de los ciudadanos". Al final se aprobó por unanimidad esperar hasta final de año para concretar los informes y si estos confirman datos perjudiciales para la salud de los vecinos, acudir a la Fiscalía de Medio Ambiente.

A la hora de las preguntas la confusión entre gobierno y oposición llegó a tintes surrealistas cuando Guimerá cuestionó sobre la deuda de Fiestas sin aprobación del interventor. Empezó contestando el actual edil del área, Norberto Plasencia, y acabó la anterior, la popular Maribel Oñate.